Ciudad de México. — La relación entre la justicia constitucional y la legitimidad democrática del actual gobierno atraviesa un momento crítico. Según el Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, la falta de una estrategia contundente contra la delincuencia organizada está abriendo la puerta a que gobiernos extranjeros intenten imponer su ley en territorio nacional.
En entrevista exclusiva con la Revista FUTURO, el jurista señaló que la tensión entre la verdadera impartición de justicia y la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha derivado en enfrentamientos mediáticos con líderes internacionales que «rayan en lo absurdo y la burla», planteó.
El legado de la impunidad
Para Woolrich Ortiz, el origen de esta crisis se remonta a la política de «abrazos y besos a la delincuencia» de la administración anterior. Según el abogado, esta postura permitió el florecimiento de una «justicia de impunidad», consolidando el fenómeno de la narco-política en las instituciones del Estado.
«Se ha permitido el crecimiento de un sistema de ‘justicia selectiva’ donde conviven la corrupción, la incorrecta interpretación de la ley y la impunidad para el funcionario público», enfatizó el titular de la Academia.
La institucionalización de la corrupción
El especialista advierte que las autoridades de procuración de justicia, tanto pasadas como presentes, han mantenido una actitud de pasividad y, en ciertos casos, de complicidad. Esta inacción ha llevado a medios internacionales a calificar a México como un narco-estado, debido a la infiltración de grupos delictivos en el aparato gubernamental, un proceso que —asegura— comenzó en la era neoliberal y se ha mantenido vigente.
Woolrich planteó interrogantes severas sobre la soberanía jurídica de México:
- ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo sea sumiso ante la corrupción de la narco-política?
- ¿Por qué la voluntad de grupos corruptos logra anular la aplicación del Código Penal?
Un llamado a la Presidenta
El Lic. Woolrich concluyó que la institucionalización de la corrupción exige una reforma profunda y real al sistema de justicia, más allá del discurso cotidiano. Subrayó que la responsabilidad de finiquitar o atenuar esta tirantez internacional y doméstica recae directamente en la titular del Ejecutivo.
«Nuevamente hoy la respuesta la tiene la Presidenta Constitucional», sentenció, dejando claro que el futuro de la justicia en México depende de la voluntad política para romper el vínculo entre el Estado y el crimen organizado.
