Por: Redacción
Aguascalientes, Ags.- (Especial para la revista FUTURO).- En una intervención contundente desde la tribuna parlamentaria, la diputada Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba lanzó una advertencia seria y sin rodeos: la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y la propuesta de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) representan una amenaza directa a la libertad de expresión y un paso más hacia la concentración del poder en manos del Ejecutivo federal.
Según Medina Ruvalcaba, el gobierno ha perfeccionado el arte de comunicar a su favor. Pero más allá de su capacidad técnica, lo que realmente preocupa —dijo— es su habilidad para manipular el discurso público, distorsionar los hechos y proyectar una imagen del país que no corresponde con la realidad.
“El gobierno federal tiene una virtud: sabe manejar adecuadamente la información”, declaró la legisladora. “Pero debo resaltar su habilidad para manipularla y colocar el mensaje que desean en el sentido que más les convenga”. Su intervención dejó en claro que esta reforma no es un simple ajuste legal, sino un intento deliberado de centralizar el control de la narrativa nacional bajo el argumento de la soberanía y el interés nacional.
De acuerdo con la diputada, lo que se esconde detrás de esta reforma es la creación de una poderosa “Agencia de Transformación Digital”, una entidad que concentraría la supervisión y autorización de medios, redes sociales y transmisiones digitales en una sola figura: la presidenta de la República o la persona que ella designe.
Este punto, plasmado en el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones, es especialmente preocupante, pues le otorgaría al Ejecutivo federal la facultad de decidir quién puede y quién no puede comunicar información en el país. Es una herramienta de censura legalizada que haría depender la libre expresión de criterios políticos y no democráticos.
“El artículo 192, por ejemplo, se convierte en una herramienta para decidir si lo que se dice conviene o incomoda. Y si incomoda, entonces se silencia”, advirtió Medina Ruvalcaba.
Aunque se habla de consultas ciudadanas, plebiscitos y mecanismos de participación como respaldo de esta reforma, la diputada fue tajante en cuestionar su legitimidad: “¿Será real la respuesta que se publique? ¿O será manipulada y acomodada para justificar la ley y lograr su cometido?”, cuestionó. La sospecha de que todo responde a un guion preestablecido, en el que las voces críticas serán reducidas o anuladas, está más presente que nunca.
“No a la Ley Mordaza”, exclamó la legisladora, dejando claro que esta reforma no solo busca callar a los adversarios, sino moldear una versión oficial de la realidad, amoldada a los intereses del partido en el poder.
En tiempos donde la transparencia, la pluralidad y el debate deberían ser ejes fundamentales de la vida pública, esta iniciativa parece transitar en sentido opuesto: hacia un modelo de control, manipulación y censura. Lo que está en juego no es una ley, sino el derecho de toda una nación a saber, opinar y disentir.
La libertad de expresión no se negocia.
