Aguascalientes, Ags. — La lucha por preservar La Pona, uno de los últimos espacios naturales dentro de la mancha urbana de Aguascalientes, ha abierto un fuerte debate entre la ciudadanía, autoridades y quienes se dicen dueños de las inmobiliarias. Mientras el Gobierno local busca negociar con los propietarios inmobiliarios del predio, activistas y ciudadanos denuncian un intento de ecocidio y exigen la recuperación del terreno por la vía legal sin destinar recursos públicos.
La Pona, una vasta área de mezquiteras considerada el “pulmón” de la ciudad, ha sido objeto de incendios provocados y la tala sistemática de decenas de árboles por parte de empresas interesadas en urbanizar la zona. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y ciudadanos, en su mayoría jóvenes, han mantenido una firme defensa del terreno. Algunos incluso han arriesgado su integridad física para evitar que continúe la devastación.
“Hay mecanismos legales suficientes para recuperar La Pona sin pagar un solo peso y, en cambio, castigar penalmente a quienes han atentado contra el medio ambiente”, afirman los activistas, quienes han encontrado en las redes sociales un canal para visibilizar su lucha. Las denuncias apuntan directamente a los responsables de los incendios y el uso de maquinaria pesada para eliminar la vegetación nativa, exigiendo que sean procesados penalmente.
La indignación creció cuando trascendió que los desarrolladores estarían solicitando hasta 500 millones de pesos como indemnización por el terreno. “Estos señores deberían estar en la cárcel, y todavía tienen el cinismo de pedir medio millar de millones. Ni el Congreso ni el Gobierno deben permitir tal abuso”, se lee en publicaciones virales.
En contraste, la postura oficial, expresada por el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, durante una conferencia de prensa en la sesión mensual del Consejo Coordinador Empresarial, es avanzar en la realización de un evalúo del predio como paso inicial para entablar negociaciones con los actuales dueños.
Esta posición ha sido duramente cuestionada por diversos sectores, incluso por representantes de medios de comunicación, quienes interpelaron a las autoridades sobre si el interés de particulares puede prevalecer sobre el de la mayoría de la población, que observa con creciente angustia cómo se reducen los espacios naturales en la ciudad.
La controversia ha dividido opiniones, aunque el consenso ciudadano parece inclinarse mayoritariamente en contra de cualquier indemnización y a favor de que La Pona sea declarada un bien público protegido por su alto valor ecológico y social. Especialistas como Óscar López Velarde Vega, primer secretario estatal de Planeación, y otros expertos como el Ing. Salvador Gaytán Rangel y María Guadalupe Castorena, han coincidido en que urbanizar la zona sería un daño irreversible. “Sin La Pona, no hay ciudad”, afirmaron.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial optó por no emitir posicionamiento alguno sobre el tema, a pesar de la creciente presión social.
La pugna por La Pona es más que una disputa territorial; representa un llamado urgente sobre el modelo de desarrollo urbano que se quiere para Aguascalientes. Una ciudad sin espacios naturales, advierten los ciudadanos, es una ciudad sin futuro.
