Sanción a medio crítico desata polémica en Guerrero por denunciar actos de corrupción de Alcaldesa.
Por Redacción / Acapulco, Guerrero
La reciente sanción impuesta al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arrellano, director del medio digital Acapulco Trends, ha encendido una fuerte controversia en Guerrero y en el gremio periodístico nacional, al ser vista por amplios sectores como un intento más del partido MORENA por silenciar las voces críticas y coartar la libertad de expresión en México.
La resolución forma parte del procedimiento especial sancionador TEE/PES/052/2024, iniciado a partir de una denuncia interpuesta por la alcaldesa tras la publicación de una investigación periodística sobre presuntas irregularidades por 898 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado y sobre lo cual hay denuncia.
El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) determinó que Castañeda incurrió en “violencia política de género” contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de filiación morenista. Como resultado, impuso una multa de 50 UMAs —equivalente a más de 5 mil pesos— y lo obligó a publicar una disculpa en su página de Facebook durante 15 días consecutivos, además de incluirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres del INE.
La resolución, emitida el pasado 15 de julio, ha sido interpretada por los involucrados y por múltiples defensores de la libertad de prensa como una represalia directa por las publicaciones que Acapulco Trends ha realizado sobre presuntos desvíos millonarios de fondos —cercanos a los 900 millones de pesos— en la administración de López Rodríguez.
“¡En Guerrero todo se puede, hasta censurar!”, denunció el medio sancionado en redes sociales tras recibir la notificación del Tribunal. “La presidenta Abelina López interpuso una denuncia en nuestra contra con la que busca censurarnos por ser críticos de su gobierno y exponer el presunto desvío”.
Aunque el TEE concluyó que otro medio dirigido por Castañeda, El Ojo de Acapulco, no incurrió en violencia política, sí halló elementos sancionables en algunas publicaciones de Acapulco Trends. Sin embargo, el fallo ha provocado reacciones airadas, especialmente porque se da en un contexto donde la alcaldesa enfrenta múltiples señalamientos por resistirse a auditorías de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Para muchos críticos, el uso de una figura jurídica tan delicada como la violencia política de género en este caso abre un precedente peligroso: la instrumentalización de causas legítimas para censurar a la prensa incómoda. “Reiteramos que la libertad de expresión no es delito y que continuaremos informando con responsabilidad y compromiso hacia la ciudadanía”, publicó el medio en su defensa.
La primera disculpa pública fue publicada este miércoles por Acapulco Trends, y de inmediato desató una oleada de reacciones. El activista y político local Ramiro Solorio, quien encabeza un proceso de revocación de mandato contra la alcaldesa, expresó: “¿Por qué carajo debe disculparse un ciudadano ante una alcaldesa corrupta? Es una evidente transgresión a la libertad de expresión y una censura disfrazada de violencia política de género”.
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de prensa y el uso de mecanismos judiciales por parte de figuras públicas para frenar la crítica. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y libertad de expresión han alertado que, de persistir este tipo de acciones, se debilita uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho de la ciudadanía a estar informada y el papel fiscalizador del periodismo.
La resolución también plantea interrogantes sobre la neutralidad del Tribunal Electoral local, especialmente ante un clima político cada vez más hostil hacia el periodismo independiente. Para muchos, este episodio es un reflejo preocupante de una estrategia más amplia en la que el poder busca acallar voces disidentes bajo argumentos jurídicamente cuestionables.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde se permitirá que la censura se disfrace de justicia?
