Ciudad de México, 30 de junio de 2025 — A 48 horas de los disturbios registrados frente al Senado de la República, donde un grupo de manifestantes de la llamada “marcha del orgullo”, que se identificaron como integrantes de la comunidad trans, incendió fotografías de una exposición permanente dedicada a destacar la labor humanitaria del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, autoridades militares siguen a la espera de una respuesta oficial que garantice que estos hechos no queden impunes.
La exposición, instalada sobre las rejas del recinto legislativo en Paseo de la Reforma, mostraba imágenes de operativos enmarcados en el Plan DN-III-E, desplegado por las fuerzas armadas en casos de desastres naturales. El contingente agresor prendió fuego a parte del material gráfico mientras gritaba consignas en favor de los derechos de la diversidad sexual.
Aunque algunos participantes señalaron que su objetivo era visibilizar la lucha por los derechos humanos de la comunidad trans, otros manifestaron públicamente su desacuerdo con el giro violento de las acciones. “Nadie nos entiende ni nos comprende. Muchos no queríamos esto, pero nuestros propios coordinadores nos empujan a la violencia”, declaró una de las manifestantes.

Tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano han calificado estos actos como una afrenta directa no sólo a sus instituciones, sino también al propio Senado, y analizan posibles rutas legales para proceder contra los responsables. Sin embargo, ambas corporaciones han dejado en claro que la decisión final dependerá de la postura que adopte la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Se trata de una provocación abierta, no solo a nuestras instituciones, sino también al orden público y a la legalidad en la capital del país”, señalaron fuentes castrenses. En tanto, entre los elementos de ambas corporaciones impera un sentimiento de indignación y frustración, al considerar que estos hechos buscan poner a prueba su paciencia, temple y compromiso con la disciplina.
El mensaje desde las filas militares y de seguridad es claro: se exige justicia y una respuesta inmediata por parte de las autoridades civiles. El riesgo de impunidad, advierten, podría abrir la puerta a nuevos actos de provocación y violencia en el país. La comunidad militar, mientras tanto, espera que se actúe con firmeza para defender la dignidad de sus instituciones y el respeto a los símbolos nacionales.

