Ciudad de México.– Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una ambiciosa reforma impulsada por Morena y sus aliados que busca transformar el marco regulatorio del sector. Movimiento Ciudadano respaldó la iniciativa junto a Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, mientras que el PAN y el PRI votaron en contra por considerar que se abre la puerta a la censura y a una excesiva concentración de poder.
La legislación redefine la estructura institucional en materia de telecomunicaciones, al establecer una Agencia responsable de formular, aplicar y supervisar las políticas del sector, incluyendo la gestión del espectro radioeléctrico y el acceso a infraestructura tecnológica. Entre sus principales objetivos se encuentra cerrar la brecha digital, promover la conectividad en zonas marginadas y establecer las telecomunicaciones como un servicio público universal.
Nueva Comisión Reguladora
Uno de los cambios más significativos fue la incorporación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa dentro de la Agencia. La presidenta Claudia Sheinbaum será la encargada de proponer a los cinco comisionados que integrarán la CRT, los cuales deberán ser ratificados por el Senado.
La Comisión tendrá amplias atribuciones: desde otorgar concesiones, licencias y registros, hasta definir los planes técnicos fundamentales, certificar equipos, y establecer montos de contraprestaciones. Incluso tendrá la facultad de modificar o rescatar bandas de frecuencia por razones de interés público, seguridad nacional o innovación tecnológica.

Controversias y advertencias de censura
Pese a los ajustes introducidos en el dictamen final, las bancadas del PAN y PRI advirtieron riesgos importantes. El coordinador panista, Ricardo Anaya, denunció que la ley aún permite suspender transmisiones si se considera que se violan los «derechos de las audiencias», una disposición que calificó de ambigua y abierta a la interpretación.
“No podemos apoyar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos o que silencien a medios que incomoden al régimen. Esta sigue siendo una Ley Censura, y por eso nuestro voto es en contra”, expresó Anaya.
La priista Claudia Anaya también criticó la naturaleza jurídica de la nueva Comisión, señalando que al ser un órgano desconcentrado, no tendría personalidad jurídica propia ni plena capacidad para actuar legalmente sin la autorización del titular de la Agencia. “Simulan esta comisión reguladora, pero ni siquiera lo están haciendo bien”, acusó.
Movimiento Ciudadano justifica su respaldo
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales justificó el cambio de postura de su bancada, argumentando que la versión original otorgaba 66 facultades unipersonales al titular de la Agencia, lo que fue reducido a nueve en el dictamen final.
“Nos preocupaba el exceso de facultades concentradas en una sola persona, pero el dictamen final corrige esa concentración. Por eso votamos a favor”, explicó.
El senador Javier Corral, responsable de presentar la iniciativa, insistió en que la nueva ley elimina cualquier vestigio de censura previa: “Este dictamen suprime expresiones que pudieran ser interpretadas como mecanismos de censura. El propósito central es garantizar el derecho universal de acceso a Internet”.
Geolocalización y vigilancia
Otro punto que encendió el debate fue el artículo 183, que permite la geolocalización en tiempo real de los usuarios. El PAN pidió que esta medida sólo se permitiera con orden judicial, pero su propuesta fue rechazada.
“Pudo más la vena autoritaria”, lamentó Anaya.
En respuesta, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) recordó que esta disposición ya estaba contemplada desde 2014, cuando el PAN y el PRI votaron a favor de una ley similar. Añadió que la nueva ley remite su aplicación a lo que establezcan otras leyes, como el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Enfoque en la infancia y desaparición del IFT
De último momento, el senador Javier Corral introdujo una reserva que permite a la CRT suspender transmisiones si los contenidos dirigidos a menores de edad vulneran el artículo tercero constitucional, así como las normas en materia de salud y publicidad infantil.
Finalmente, la reforma establece la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Todo el personal será dado de baja, y sólo aquellos con estabilidad laboral conforme al servicio profesional recibirán indemnización plena. El resto será finiquitado conforme a la ley.
Con esta reforma, el gobierno federal apuesta por una transformación profunda del sector telecomunicaciones, entre promesas de mayor conectividad y acusaciones de concentración de poder y censura. La implementación y vigilancia de esta nueva estructura será clave para determinar si cumple su promesa de democratizar el acceso digital o si se convierte en un mecanismo de control estatal sobre los medios y las telecomunicaciones.

