Ciudad de México.- La organización civil Acívate denunció que una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para reformar el Código Penal Federal representa un intento de censura contra sacerdotes y ministros de culto, al proponer el endurecimiento de las sanciones para quienes intervengan en asuntos relacionados con procesos electorales.
Analistas reaccionaron al asegurar que se trata de «una amenaza que va dirigida a la jerarquía católica, que incluye a Cardenals, Obispos y representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), sin omitir a los sacerdotes y otros ministros religiosos.
De acuerdo con la agrupación, la propuesta impulsada por el diputado federal Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), contempla modificar el artículo 404 del Código Penal Federal para incrementar las multas hasta mil días a ministros religiosos que expresen opiniones vinculadas con elecciones, candidatos o partidos políticos.
La organización advirtió que la medida podría afectar la libertad de expresión y la libertad religiosa de miles de sacerdotes y ministros de culto en el país.
“Si un sacerdote durante una homilía habla sobre temas relacionados con las elecciones, los candidatos o los partidos políticos, podría ser castigado por el Estado. Esto es gravísimo porque no estamos hablando de un tema administrativo; estamos hablando de intentar ponerle una mordaza a miles de sacerdotes y ministros de culto en todo México para que no denuncien el mal ni anuncien la verdad en las comunidades”, señaló Acívate en un pronunciamiento público.
La agrupación cuestionó además que los representantes religiosos puedan ser sujetos a restricciones que, a su juicio, limitan derechos fundamentales que conservan otros ciudadanos.
“La pregunta aquí es muy sencilla: ¿Por qué un político sí puede opinar de política, pero un sacerdote no? ¿Por qué un ciudadano conserva sus derechos fundamentales, pero un ministro de culto parece perderlos por el simple hecho de ejercer su vocación?”, planteó.
Llamado a rechazar la iniciativa
Acívate calificó la propuesta como una medida de censura impulsada en vísperas de futuros procesos electorales y convocó a la ciudadanía a respaldar una campaña de firmas para exigir a la Cámara de Diputados que deseche la reforma.
“Porque si hoy permiten censurar a los sacerdotes, mañana buscarán censurar a cualquiera que piense distinto”, sostuvo la organización.
El legislador promovente fue alcalde de Matamoros, Tamaulipas, primero bajo las siglas del PVEM y posteriormente reelecto para el periodo 2021-2024 con el respaldo de Morena.
Argumentos de la iniciativa
En la exposición de motivos de la propuesta, López Hernández sostiene que la separación entre la Iglesia y el Estado constituye un principio fundamental “para garantizar la pluralidad, la tolerancia y la igualdad de derechos”.
“Hoy en día, la separación entre la Iglesia y el Estado es esencial para la pluralidad, la tolerancia y los derechos iguales. Sobre la base de este principio, se hacen reglas gubernamentales que conciernen al bienestar general y no a dictados religiosos, y esto es una contribución a más democracia y respeto por la diversidad”, señala el documento.
La iniciativa argumenta además que las sanciones actualmente previstas en el artículo 404 del Código Penal Federal “resultan insuficientes para inhibir conductas que vulneren el marco legal electoral”, por lo que propone incrementar las multas hasta mil días como una medida de carácter disuasorio.
Según el texto legislativo, el objetivo es “modernizar” las penas para fortalecer el estado de derecho, evitar la impunidad y reforzar la confianza ciudadana en el sistema de justicia mediante sanciones más severas y proporcionales.
Organizaciones advierten afectaciones a la libertad religiosa
No obstante, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación por los posibles alcances de la reforma. Sus representantes consideran que el incremento de las sanciones podría generar un efecto inhibidor sobre la participación de líderes religiosos en debates públicos relacionados con problemáticas sociales.
Entre los temas que mencionan se encuentran aquellos vinculados con la defensa de la vida desde la concepción, la familia y otros asuntos de interés público sobre los que tradicionalmente se han pronunciado distintas confesiones religiosas.
Los críticos de la iniciativa sostienen que la propuesta debe analizarse cuidadosamente para evitar que las disposiciones legales destinadas a preservar la separación Iglesia-Estado terminen afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad religiosa, garantizados tanto por la Constitución mexicana como por diversos tratados internacionales.
