AGUASCALIENTES, AGS. — La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) logró la vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva justificada en contra de dos exdirectivos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), presuntamente implicados en un esquema de fraude financiero que afectó gravemente el patrimonio de la institución educativa.
Los imputados, identificados como Enrique “N”, exjefe del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión, y Claudia “N”, exjefa del Departamento de Presupuesto y Administración Financiera, enfrentan cargos por:
- Ejercicio indebido del servicio público.
- Fraude.
- Responsabilidad técnica y profesional.
El origen del desfalco: 330 millones de pesos en riesgo
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, el esquema de inversión —señalado mediáticamente como una «Estafa Ponzi»— se desarrolló en tres etapas clave bajo la asesoría y recomendación de los ahora detenidos:
- Agosto de 2020: Se concretó un contrato de intermediación bursátil entre la UAA y una institución financiera por 200 millones de pesos, bajo la promesa de un rendimiento anual del 10%.
- Diciembre de 2022: Se celebró un segundo contrato con otra entidad financiera por un monto de 30 millones de pesos.
- Marzo de 2023: Se realizó una inversión adicional de 100 millones de pesos.
En total, las operaciones cuestionadas suman 330 millones de pesos, los cuales habrían generado una afectación directa a las finanzas de la máxima casa de estudios del estado.
Acción penal y medidas cautelares
La captura de los exfuncionarios se dio tras una investigación exhaustiva que incluyó dictámenes técnicos de peritos especializados y la ejecución de órdenes de aprehensión por parte de la Policía de Investigación Criminal.
Durante la audiencia inicial, que se prolongó por varias horas, el Juez de Control valoró las pruebas presentadas y determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. Debido al riesgo que representa el caso, se dictó prisión preventiva justificada para ambos señalados.
Dato clave: El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán aportar mayores pruebas antes de dictar una sentencia.
Con esta resolución, la UAA busca recuperar los fondos invertidos en instrumentos financieros que resultaron ser fraudulentos, mientras las autoridades mantienen abierta la posibilidad de identificar a más involucrados en esta red de corrupción.
