CIUDAD DE MÉXICO. – En un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y la prensa tradicional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), trabaja en un esquema para «reconocer» formalmente a los medios de comunicación alternativos. La medida, justificada por la mandataria como una estrategia para combatir las noticias falsas (fake news) y el «sesgo informativo», ha encendido las alarmas entre académicos y profesionales de la comunicación, quienes lo interpretan como un intento de institucionalizar la censura.
El argumento oficial: Combate a la desinformación
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo detalló que esta iniciativa surge de las resoluciones de un congreso reciente de medios independientes. «Es importante que los medios alternativos, con profesionalismo, sean reconocidos por la propia Secretaría de Gobernación», señaló.
La jefa del Ejecutivo sostuvo que la desinformación en redes sociales es financiada por grupos de interés. Como ejemplo, citó la difusión de imágenes falsas durante la detención de «El Mencho» y la supuesta «promoción artificial» de movimientos sociales como la Generación Z, los cuales, según su visión, estarían vinculados a organizaciones de la derecha internacional.
«Hay medios en México que se dedican a la propaganda de tiempo completo, no a la información», sostuvo la presidenta, aludiendo a televisoras y diarios críticos.
Incertidumbre en el gremio: ¿Regulación o control?
La propuesta no ha sido bien recibida por diversos sectores del periodismo. El comunicador Esteban Rentería calificó la medida como una búsqueda de «justificaciones para censurar» y evitar que la opinión pública acceda a temas críticos. Aunque reconoció la existencia de campañas de desprestigio, subrayó que esto no es el común denominador de la prensa profesional.
A pesar de que Sheinbaum afirmó que su gobierno «no cree en la censura sino en la conciencia del pueblo», las acciones paralelas de su administración sugieren un control más estricto del ecosistema digital. Durante el primer semestre de 2025, el debate se ha centrado en dos frentes críticos:
- El «Artículo 109»: Una propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que originalmente permitía al gobierno bloquear plataformas digitales. Aunque la presidenta solicitó modificaciones ante la presión social, analistas advierten que persisten riesgos.
- Vigilancia de datos: La insistencia en un padrón obligatorio con datos biométricos para telefonía móvil y la retención de datos por 24 meses.
El modelo de control: De Infodemia al «scroll» limitado
La presidenta destacó la labor de espacios como Infodemia y el Detector de Mentiras, herramientas operadas bajo la influencia de Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial. No obstante, estos mecanismos han sido cuestionados por organismos civiles al ser señalados por alterar la realidad para favorecer la narrativa gubernamental.
Incluso, Sheinbaum puso sobre la mesa debates internacionales, como el caso de Brasil, donde se discutió la prohibición de la práctica del «scroll» infinito para limitar el contenido. «Yo no digo que se haga necesariamente en México, pero sí es algo que hay que discutir», matizó, dejando abierta la puerta a futuras regulaciones en la interacción digital de los mexicanos.
Puntos clave de la controversia (2025)
| Tema | Postura Gubernamental | Preocupación Civil |
| Medios Alternativos | Reconocimiento y profesionalización. | Creación de una «prensa oficial» adoctrinada. |
| Reforma Telecom | Regular intervención extranjera. | Riesgo de bloqueo de redes y censura previa. |
| Datos Biométricos | Seguridad nacional. | Vigilancia masiva y vulneración de la privacidad. |
| Noticias Falsas | Desmentir mediante organismos oficiales. | Uso de recursos públicos para atacar a la crítica. |
Exportar a Hojas de cálculo
Mientras la administración de la 4T asegura que estas medidas buscan democratizar la información, el gremio periodístico enfrenta la segunda mitad de 2025 bajo un clima de incertidumbre, temiendo que el «reconocimiento» estatal sea, en realidad, el filtro para decidir quién tiene derecho a informar y quién no.
