Por: Angélica Alvarado
En 2016, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder de Morena, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto de reforma que transformó el Distrito Federal en la Ciudad de México.
La publicación en redes sociales del abogado José Mario de la Garza trajo de vuelta este episodio legal, donde el proyecto fue asignado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, actual presidenta de la SCJN.
¿Qué dicen los documentos que resurgieron?
El expresidente argumentó que la Suprema Corte era competente para reconocer la inconstitucionalidad en una reforma de la Constitución y consideró que debía garantizar el control constitucional en normas que afectaran los derechos humanos en temas políticos.
Su intención, señaló, era “preservar el Estado de Derecho” y el respeto a los derechos fundamentales. En este punto, destacó la necesidad de que la SCJN interpretara la ley en favor de los derechos humanos, como se estableció en la reforma de 2011.
Argumentos sobre derechos humanos y paridad de género
López Obrador sostuvo que los criterios de improcedencia de la SCJN no debían aplicarse en este caso debido a que la reforma constitucional de 2011 había colocado los derechos humanos en un rango prioritario. Con esto, defendió que la Ley Reglamentaria del Artículo 105 debía ser interpretada en favor de la procedencia de su recurso, al igual que en el caso de normas que podrían violentar derechos humanos.
Uno de los puntos críticos de su argumentación giraba en torno a la paridad de género. Afirmó que la reforma constitucional afectaba este principio al no garantizar un proceso equitativo para que hombres y mujeres tuvieran el mismo acceso a cargos legislativos en el entonces Distrito Federal. Para López Obrador, esto era una vulneración al “principio de paridad de género” que debía subsanarse mediante la intervención de la SCJN.
Declaración de improcedencia por la SCJN
Pese a sus esfuerzos, la SCJN desechó la acción de inconstitucionalidad. En una declaración contundente, el ministro Javier Laynez Potisek la consideró improcedente, señalando que el recurso no cumplía con los criterios necesarios para ser admitido.
Esto marcó el fin de la controversia impulsada por López Obrador, aunque su defensa sobre la necesidad de un “control constitucional” en las reformas fue recordada como un precedente legal en su carrera política.
