CDMX.-La organización Red Familia manifestó su preocupación por el proyecto de sentencia que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada, relacionadas con la regulación del aborto y la protección de la vida prenatal en el estado de Aguascalientes.
De acuerdo con la organización, el documento elaborado en la Corte rebasa el análisis estrictamente jurídico e incorpora elementos ideológicos y antropológicos que, a su juicio, reducen el margen democrático de los congresos estatales para legislar sobre temas de alta sensibilidad social.
Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, sostuvo que el proyecto incluye expresiones y razonamientos que “no son neutrales”, al utilizar conceptos que calificó como ideológicos y afirmaciones bioéticas controvertidas. Entre ellas, destacó el señalamiento de que en determinadas etapas del embarazo “no es posible afirmar que estamos en presencia de un ser humano”.
“La función de un tribunal constitucional no es legislar, ni sustituir el debate democrático, mucho menos imponer una visión antropológica única desde el Poder Judicial”, afirmó Hernández al advertir que una sentencia constitucional debe limitarse a resolver conflictos jurídicos y no establecer posturas filosóficas como verdad oficial.
La organización recordó además que México ha suscrito tratados internacionales que reconocen el derecho a la vida, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 3 establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, mientras que el artículo 6 señala que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
Red Familia advirtió que el proyecto de resolución no solo invalidaría gran parte de la regulación aprobada por el Congreso de Aguascalientes, sino que también avanzaría hacia una despenalización estructural del aborto en México, al considerar que el uso del derecho penal para proteger la vida en gestación sería contrario al Estado democrático de Derecho.
Asimismo, la agrupación consideró “especialmente delicado” que el proyecto plantee la maternidad como una carga incompatible con el pleno ejercicio de derechos y libertades de las mujeres, reduciendo —según expuso— la experiencia materna a un factor de opresión estructural.
En ese sentido, Red Familia aseguró que el criterio impulsado desde la Corte podría disminuir cada vez más la capacidad de las entidades federativas para legislar conforme a sus propios procesos democráticos, empujando hacia un modelo nacional uniforme definido desde criterios judiciales.
La organización también retomó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que “la Corte no legisla”, por lo que insistió en que corresponde a los congresos locales deliberar y resolver sobre asuntos socialmente complejos.
Finalmente, Red Familia hizo un llamado a que el debate sobre el aborto en México se conduzca con apertura democrática, respeto institucional y pluralismo constitucional, buscando —dijo— proteger tanto la dignidad de las mujeres como el valor de la vida prenatal, evitando polarizaciones e imposiciones ideológicas.
