Los militares venezolanos se han mostrado una vez más como una fuerza monolítica en su respaldo al gobernante izquierdista Nicolás Maduro, sin que las denuncias de fraude que hace la oposición sobre su reelección o la presión internacional afecten lo que definen como “apoyo incondicional”. Algo similar a lo que ocurre en México, con Andrés Manuel López Obrador pero en mayor proporción porque también perdieron su libertad… y dignidad.
Maduro es “nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031”, zanjó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino, ignorando los pedidos de la oposición y de la comunidad internacional de un escrutinio transparente.
La militarizada Guardia Nacional salió luego a las calles a disolver con gases y perdigones algunas protestas postelectorales.
Bautizada como bolivariana por el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. Ha tenido entre sus lemas “¡Patria, socialismo o muerte!”, transformado en “¡Patria, socialismo y vida!”, cuando el líder socialista enfermó de cáncer. “¡Chávez vive!” es hoy su saludo oficial.
La Constitución Bolivariana que en 1999 impulsó Chávez -un carismático teniente coronel que se dio a conocer cuando lideró una intentona golpista en 1992- concedió el voto a los militares. En paralelo, ganaron un inmenso poder con cargos claves en instituciones del Estado, incluida la vital industria petrolera.
Tras la muerte del líder socialista, su sucesor Nicolás Maduro no hizo sino aumentar su influencia.
Privilegios y persecución
Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Interiores y Comercio. La oposición y expertos denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales.
Laura Dib, directora del programa Venezuela en el centro de estudios sobre derechos humanos WOLA, señaló que “es muy difícil entender” lo que ocurre al interior de la Fuerza Armada “porque cada vez que un militar se ha rebelado contra Maduro, la represión y persecución ha sido implacable”.
“Sabemos de militares que han sido sometidos a torturas. Son casos ejemplificantes que envían el mensaje de que si se voltean en contra del gobierno, eso será lo que les ocurra”, añadió Dib.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian la detención por motivos políticos -la mayor parte de las veces acusados de conspiración- de decenas de militares (149 al 1 de julio) y la muerte bajo custodia de tres de ellos.
Nuevas alianzas
La Fuerza Armada venezolana contaba en 2020 con 343,000 integrantes, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un tamaño similar a la de México (341,000), y solamente superado en América Latina por Colombia (428,000) y Brasil (762,000).
“Militares de alto rango se han vuelto increíblemente poderosos”, señaló Rebecca Hanson, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida. “Tienen mucho que perder si Maduro cae”.
Casi 50 altos oficiales, activos y en retiro, figuran en la lista de sancionados de Estados Unidos.
Los primeros fueron incluidos en 2008 por supuestos vínculos con la guerrilla colombiana. Más tarde, otros fueron acusados de narcotráfico y, más recientemente, de violaciones de derechos humanos. Nicolás Maduro encabeza la lista denuncias en dicho país, por corrupción, narcotráfico y desapariciones forzadas, más allá de las contiendas electorales que a diario dan de qué hablar.
El Caso de México
En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inspirado en países con gobiernos afines, “compró” al Ejército, al menos a los mandos superiores y de inteligencia, con el control de la Guardia Nacional, lo que no fue suficiente; luego se fueron dando todo tipo de concesiones que van desde el control de aduanas, aeropuertos y hasta construcción de hoteles e infinidad de obras.
Todo ello aparte de una serie de privilegios que reciben en prestaciones y sueldos mensuales que van de los 100 mil a los 500 mil pesos mensuales, según el cargo y responsabilidad y ene ello se incluye todo tipo de viáticos, fideicomisos y seguros de vida.
Es de sobra conocido que una buena parte de quienes están en el crimen organizado han salido de las filas del Ejército mexicano, algunos porque les ofrecen mucho dinero, otros porque son amenazados junto con sus familias, pero un número importante ha desertado y lo hace cada día al no estar de acuerdo con el rumbo que ha tomado nuestro otrora glorioso Ejército mexicano, y cambias con frecuencia las comandancias de distintas zonas y regiones del país.
«El Ejército ya no es de los mexicanos, es de AMLO, MORENA y la 4T» y pronto lo será también el Poder Judicial, pues el Legislativo está en sus manos desde años antes y ahora será un control total, lo mismo que con el Ejército», aseguran con frecuencia los comentaristas.
En los primeros cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desertaron dos mil 778 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, lo que hace un promedio de 13 integrantes por semana. Se presume que AMLO terminará el sexenio con 5 mil deserciones, mientras que la información de los dos últimos años ha sido reservada.
