Aguascalientes, Ags. – Pese a las reformas legislativas y las promesas de justicia, la entidad se ha convertido en un terreno fértil para el esquema de extorsión conocido como «montadeudas». Operando con total libertad, grupos criminales —presuntamente integrados por extranjeros— mantienen bajo asedio a las familias más vulnerables, explotando su necesidad económica para convertirlos en víctimas de un sistema de acoso interminable.
Una ley que no llega a la calle
En febrero pasado, se aprobaron cambios legales para perseguir de oficio la extorsión digital. Sin embargo, la realidad en las calles de Aguascalientes contradice el papel: las extorsiones no solo persisten, sino que han registrado un incremento alarmante.
Fuentes cercanas a las víctimas denuncian que las autoridades han caído en la omisión. Ante la presentación de denuncias, la respuesta suele ser el desdén: «Esto ya es normal», argumentan, justificando su inacción bajo el pretexto de que los responsables son grupos provenientes de Colombia u otros países, lo que deja entrever una posible red de complicidad que permite a estos delincuentes operar con manos libres.
El «depósito trampa»: El inicio de la pesadilla
El modus operandi ha evolucionado hacia niveles de cinismo extremo. Según testimonios recientes, las aplicaciones realizan depósitos no solicitados a personas que incluso ya han liquidado sus deudas previas. A partir de ese momento, se activa una maquinaria de terror:
- Intereses impagables: Cobros arbitrarios que exceden cualquier margen legal.
- Hostigamiento 24/7: Llamadas y mensajes con palabras altisonantes durante la madrugada.
- Amenazas familiares: El acoso se extiende a hijos y padres, utilizando datos personales robados de los dispositivos de las víctimas.
“Estamos ante una delincuencia que no solo roba dinero, roba también la tranquilidad de las familias y su estabilidad emocional”, advirtió en su momento el diputado con licencia Luis León, actual secretario particular de la gobernadora Tere Jiménez.
Una «Trampa Mortal» desatendida
Desde septiembre de 2025, cuando León presentó una iniciativa en el Congreso para defender el patrimonio de los aguascalentenses, se calificó a esta práctica como una «nueva forma de criminalidad financiera». En aquel entonces, se subrayó que proteger la integridad psicológica de las víctimas era una cuestión de derechos humanos.
No obstante, las grabaciones en poder de diversos medios locales demuestran que las advertencias legislativas no se han traducido en operativos eficaces. En los audios se escuchan amenazas claras y exigencias de pago en plazos de pocas horas, mientras los afectados viven bajo la incertidumbre constante de que el robo de su privacidad escale a violencia física.
El silencio de la justicia
La percepción ciudadana es de abandono. Mientras las plataformas digitales siguen ofreciendo «dinero fácil» como gancho, la falta de investigación por parte de la Fiscalía deja a los ciudadanos en un estado de indefensión absoluta. La pregunta que queda en el aire es: ¿Por qué, si el delito se persigue de oficio, se permite que estos grupos sigan operando a plena luz del día?
