Por: José I. VELA PÉREZ*
La frase atribuida a San Juan Pablo II, difundida ayer por la Revista FUTURO, resuena hoy con una vigencia inquietante: “No se cansen de hablar con firmeza en defensa de la vida desde la concepción. Cristo está con vosotros. ¡No temáis!”. No se trata únicamente de una exhortación religiosa. Es también una llamada moral, ética y humana frente a una realidad que preocupa a millones de mexicanos: la constante erosión del derecho a la vida y de la libertad de conciencia desde las propias instituciones encargadas de protegerlas.
Mientras ese mensaje era compartido entre familias, creyentes y ciudadanos preocupados por el rumbo del país, trascendió que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirán el próximo 11 de mayo un proyecto que podría obligar a médicos y profesionales de la salud a actuar en contra de su conciencia. El tema no es menor. La objeción de conciencia representa uno de los pilares fundamentales de toda sociedad verdaderamente democrática y plural, pues reconoce que ninguna persona debe ser forzada por el Estado a actuar contra sus principios éticos, morales o religiosos.
“Defender la objeción de conciencia es defender la libertad”, ha expresado el Frente Nacional por la Familia. Y difícilmente podría resumirse mejor el fondo de esta discusión. Porque cuando un médico es obligado a intervenir en procedimientos que considera contrarios a la vida o a su formación profesional, no solamente se vulnera su libertad individual; se debilita el principio mismo de tolerancia que debería prevalecer en un Estado de derecho.
Son nueve ministros los que hoy integran la Suprema Corte, dos menos de lo habitual, y son ellos quienes aseguran velar por los intereses de todos los mexicanos. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad perciben que, desde hace varios años, las resoluciones impulsadas por el máximo tribunal han ido más allá de la interpretación constitucional para adentrarse en terrenos ideológicos ajenos al sentir mayoritario del país.
Más allá de tecnicismos jurídicos o interpretaciones doctrinales, existe una percepción creciente entre millones de familias mexicanas: que las instituciones encargadas de impartir justicia han terminado por distanciarse del pueblo al que deberían servir. Juristas, académicos y organizaciones civiles han señalado reiteradamente que ciertas determinaciones de la Corte han vulnerado el espíritu original de la Constitución, particularmente en temas relacionados con la vida, la familia y la libertad religiosa.
A ello se suma el papel que ha desempeñado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo cuya misión constitucional debería centrarse en la protección irrestricta de los derechos fundamentales de todas las personas. Paradójicamente, mientras la CNDH insiste en promover lo que denomina “interrupción legal del embarazo” como un derecho humano, numerosos sectores sociales cuestionan que se deje de lado el primero y más elemental de todos los derechos: el derecho a la vida.
La contradicción resulta inevitable para muchos mexicanos. Por un lado, se exige —correctamente— que el Estado proteja a los animales como seres sintientes y sancione severamente el maltrato. Pero por otro, se normaliza y promueve la eliminación de seres humanos en gestación bajo argumentos ideológicos que para millones de ciudadanos representan una negación del sentido común, de principios científicos elementales y de valores universales.
El debate no puede reducirse a etiquetas políticas o religiosas. El centro de la discusión es profundamente humano. Si los derechos humanos son verdaderamente universales, entonces deberían aplicarse sin distinción al más indefenso de todos: el ser humano por nacer. Y si la dignidad humana es inviolable, también debería protegerse la conciencia de quienes se niegan a participar en actos que consideran moralmente inadmisibles.
México atraviesa un momento decisivo. Las instituciones no pueden seguir actuando de espaldas a una sociedad que exige ser escuchada. La democracia no consiste únicamente en emitir resoluciones desde el poder, sino en mantener un equilibrio entre ley, ética, libertad y voluntad social.
Hoy más que nunca, el debate exige prudencia, responsabilidad y auténtico respeto a la pluralidad. Porque una nación que deja de proteger la vida y castiga la conciencia corre el riesgo de perder también el sentido de su propia humanidad.
—————————————————————————————————(DR.H.C. José Isabel Vela Pérez, Director General de la Revista FUTURO
9 de Mayo 2026.)*
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