Por: Redacción
Aguascalientes, Ags., 1 de mayo de 2025
Mientras los reflectores ciudadanos se centran en la defensa de La Pona, uno de los últimos reductos ecológicos de la mancha urbana de Aguascalientes, en el trasfondo avanza sin resistencia visible el megaproyecto inmobiliario Zitara, que implicaría el consumo de 1.4 millones de metros cúbicos de agua en un contexto de creciente escasez hídrica. Paralelamente, el Bosque de Cobos, considerado también una zona de alto valor ecológico, permanece bajo amenaza por parte de desarrolladores que ya han iniciado negociaciones para su explotación.
Este panorama forma parte de un patrón reiterado: la permisividad institucional, el desdén por los recursos naturales y un trasfondo de intereses económicos y políticos que han normalizado los ecocidios en el estado. Tal como ocurrió en Asientos en 2017 —un caso documentado por la revista Futuro en su edición 363 bajo el título “Silencio cómplice ante grandes ecocidios aquí”—, el gobierno ha fallado en proteger de manera efectiva los entornos naturales, aún cuando existe un clamor social evidente.
La Pona: un santuario en disputa
Ubicada dentro del municipio de Aguascalientes y con una extensión de poco más de 32 hectáreas, La Pona representa un ecosistema único en medio del avance urbano. Según el Instituto del Medio Ambiente del estado (2009), esta área alberga una rica biodiversidad y cumple funciones ambientales críticas como la recarga de acuíferos, la regulación térmica, la amortiguación acústica y la captura de carbono.
Flora como el mezquite (Prosopis laevigata), el huizache (Acacia farnesiana) y el pirul (Schinus molle), y fauna que incluye aves como la huilota (Zenaida macroura), el cuicacoche y el colibrí pico ancho, han encontrado refugio en este espacio. Sin embargo, al menos 30 huizaches han sido destruidos en semanas recientes, y múltiples incendios han sido reportados, presuntamente provocados para degradar el ecosistema y facilitar un desarrollo inmobiliario en la zona.
La presidenta del Movimiento Ambiental de Aguascalientes, bióloga Guadalupe Castorena Esparza, ha advertido sobre la pérdida irreversible de funciones ambientales si se permite avanzar este proyecto. “La Pona no solo purifica el aire, también mantiene los acuíferos activos. Su desaparición significa más calor, más sequía, más riesgo”, expresó.
Criminalización de defensores ambientales
Pese al respaldo social que ha reunido la organización Salvemos La Pona, A.C., sus integrantes han sido denunciados penalmente por presunto allanamiento de morada, en una acción que se percibe como represalia por parte del grupo jurídico de los supuestos dueños del predio. Esta denuncia ha sido interpuesta a pesar de que el campamento de protesta no se encuentra en la parte considerada “privada”.
La exclusión de esta organización de las mesas de diálogo con autoridades ha generado indignación y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La ciudadanía ha sido clara en exigir una participación directa de los grupos ambientales en la toma de decisiones, pero hasta ahora, su presencia ha sido ignorada.
Proyecto Zitara: desarrollo urbano entre críticas ambientales y cuestionamientos sociales
El proyecto inmobiliario Zitara, promovido como un desarrollo de lujo en Aguascalientes, ha desatado una ola de críticas por sus posibles impactos ambientales y su cuestionable justificación social. Aunque se argumenta que traerá inversión y generación de empleos a la región, voces expertas y ambientales advierten sobre graves afectaciones al equilibrio ecológico y la sostenibilidad hídrica del estado.
Guadalupe Castorena, reconocida ambientalista local, fue contundente al señalar una de las principales preocupaciones: la pérdida de suelo fértil que contribuye a la infiltración del agua. “Con el estrés hídrico que tenemos en Aguascalientes, quitar suelo que te ayude a infiltrar agua es un lujo, no lo deberíamos de permitir. Hacer un campo de golf es irrisorio para nuestro estado”, declaró.
Este señalamiento cobra mayor relevancia a la luz del posicionamiento de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, quien en una intervención previa advirtió sobre los esfuerzos “insuficientes” en materia de justicia hídrica. “En cada decisión judicial, hagamos valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos por encima de intereses privados”, expresó. Además, llamó a considerar la función ecológica de la propiedad en los litigios sobre uso de suelo, apelando a un enfoque de justicia intergeneracional.
Más allá del tema del agua, el proyecto Zitara también ha sido señalado por su impacto en la biodiversidad local. Estudios indican que al menos 86 especies de fauna silvestre, entre ellas sapos, ranas, culebras, lechuzas, colibríes, tlacuaches, coyotes y la zorra gris, podrían ser desplazadas debido a las acciones de «ahuyentamiento» que se prevén durante la construcción. Se alerta también sobre el deterioro del paisaje natural, que será sustituido por un entorno artificial como consecuencia del desarrollo habitacional y la modificación del terreno.
A pesar de estos señalamientos, los desarrolladores del proyecto insisten en que Zitara traerá beneficios económicos a la región. Se menciona una inversión de varios millones de dólares y la posibilidad de generar empleos directos e indirectos durante su construcción y operación.
Sin embargo, para académicos como Oscar de la Torre, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y especialista en derecho agrario, este argumento es insuficiente: “No hay una justificación social para construir ese proyecto, aunque lo quieran justificar con el desarrollo económico, como si inversión significara desarrollo, sin ningún matiz”.
Así, Zitara se posiciona en el centro de un debate urgente entre el desarrollo urbano, la protección ambiental y la justicia social. Mientras los intereses económicos avanzan, la ciudadanía, especialistas y activistas ponen sobre la mesa una pregunta clave: ¿a quién beneficia realmente este tipo de proyectos?
Zitara: el megaproyecto que avanza en silencio
En contraste con La Pona, el desarrollo urbano denominado Zitara, que abarcará alrededor de 200 hectáreas, parece avanzar sin contratiempos, a pesar de no contar con la aprobación del gobierno municipal. El Consejo Estatal de Desarrollo Urbano ya ha dado su visto bueno, lo que ha sido interpretado como una señal de que las decisiones ambientales están sujetas a intereses ajenos a la sostenibilidad.
El proyecto requeriría más de un millón de metros cúbicos de agua, en una ciudad donde ya se enfrentan problemas serios de abastecimiento. Además, los ambientalistas temen que Zitara represente el inicio de una urbanización intensiva de zonas que deberían mantenerse naturales o semi-naturales para garantizar el equilibrio ecológico del valle.
Bosque de Cobos: siguiente objetivo
El Bosque de Cobos, otro de los pocos pulmones naturales del estado, también está bajo presión. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que los desarrolladores ya han iniciado trámites para obtener permisos que les permitirían fragmentar y urbanizar esta área. Aunque oficialmente es una zona protegida, se teme que, como en La Pona, se recurra a tácticas de desgaste, omisiones administrativas e incluso provocaciones intencionadas para debilitar la oposición ciudadana.
El legado de negligencia
El caso de La Pona revive un largo historial de descuido institucional en materia ambiental. Desde la expropiación de 868 hectáreas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pasando por los esfuerzos (y omisiones) de mandatarios como Refugio Esparza Reyes y Rodolfo Landeros Gallegos, hasta posteriores administraciones, se ha privilegiado la ganancia sobre el bien común. Y los señalamientos para las actuales autoridades han estado cargados de odio e impotencia, pero también de serios señalamientos de opacidad. Ello sin mirar los grandes esfuerzos que hacen tanto la gobernadora Tere Jiménez como el alcalde Leonardo Montañez.
Incluso el nombre “La Pona” —derivado de su dueña original, Dolores Escobedo de Pasillas— ha sido borrado del imaginario colectivo, y con él, la memoria histórica que sustenta su valor comunitario. La presión de los propietarios, quienes han exigido más de 500 millones de pesos en compensación por el predio, ha sido calificada por ambientalistas como un chantaje disfrazado de reclamo legal, sobre todo al considerar que cualquier zona afectada por incendios debe permanecer sin cambios de uso de suelo por al menos dos décadas, según la normativa.
¿Y el futuro?
Durante una asamblea realizada el 27 de abril en los alrededores de La Pona, a la que asistieron más de 300 personas, los asistentes recordaron cómo la tala de al menos 80 árboles en la Alameda provocó un aumento drástico en las temperaturas locales. Aquel caso, ignorado por las autoridades, es un reflejo de lo que podría ocurrir si se permite urbanizar La Pona: menos lluvia, más calor, menos vida.
Este es un llamado urgente no solo a la protección de un ecosistema, sino a la conciencia colectiva sobre qué ciudad se quiere construir: una dominada por concreto y especulación, o una comprometida con la sustentabilidad y el bienestar de sus habitantes.
¿Puede Aguascalientes darse el lujo de perder sus últimos refugios naturales? La respuesta, para muchos, ya no es ambiental. Es política, es social, y es moral.
