Por Joel Saucedo
El pasado 28 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Por la tarde de ese día, un escueto post en X de 41 palabras fue lo que la presidenta informó al respecto:
“Tuvimos una provechosa reunión para beneficio de México y Estados Unidos. Nuestros países mantienen buena relación en el marco de respeto a las soberanías”.
Fue todo lo que dijo ese día sobre la importante reunión. Al día siguiente fue más explícita del encuentro con Kristi Noem.
Reseñó que nuestro país siempre busca coordinación con base en cinco principios básicos de política exterior:
Responsabilidad compartida; confianza mutua; respeto a la soberanía; cooperación sin subordinación; y respeto a México, a las y los mexicanos.
Fue todo. No hubo mayores detalles el menos ese y los siguientes días. Pero pronto surgieron las filtraciones sobre los verdaderos motivos de la presencia de la Secretaria de Seguridad Nacional en Palacio Nacional.
El periodista Carlos Loret difundió que Estados Unidos le había mandado una lista de los primeros cinco narcofuncionarios que quieren que México detenga:
Dos gobernadores, un secretario de Estado y un ex integrante del gabinete de López Obrador.
Loret no agregó los nombres de los presuntos narcofuncionarios a los que se refería la lista que citó en su columna del pasado 2 de abril.
Después mediante un post La Carpeta Púrpura que dirige Yuri Serbolov, difundió siete nombres en lugar de los cinco mencionados.
Para ello señaló que fuentes de Seguridad Nacional, confirmaron lo publicado por Loret, pero Serbolov aportó siete nombres:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
Además, los líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
También al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y por si lo anterior fuese poco, Andy López Beltrán, el hijo del ex presidente López Obrador.
Y lo que se supo más allá de las paredes de la sede del Poder Ejecutivo, fue que la presidenta sólo aceptó entregar a cinco de los políticos mencionados.
¿Quiénes son los que se salvarán Andy y Adán Augusto? No es descabellado pensar que así sea, por dos cosas básicas.
El primero es hijo del ex presidente y quien lleva el control del partido Morena, y el segundo, es paisano y amigo de López Obrador.
Así es como se entiende que Donald Trump no haya incluido a México en el monumental paquete de aranceles a todos los países del mundo y el cambio de última hora.
¿AMLO al banquillo?
En diversos círculos de la sociedad mexicana, corre la versión de que es urgente acusar a Andrés Manuel López Obrador de crímenes de lesa humanidad.
Para ello, se tendría que acudir a la Corte Penal Internacional, donde se le acusaría por los campos de exterminio, los miles de desaparecidos y asesinatos.
Pero además, en la denuncia también se incluiría la alianza que durante todo su sexenio, el político de Tabasco sostuvo con el crimen organizado.
El saldo del obradorato asciende a una cifra récord de 201 mil 142 homicidios dolosos y 53 mil 437 desaparecidos, prácticamente la mitad del total de desaparecidos en el país.
Sin embargo, el presente sexenio corre galopante como el de López Obrador, tanto en número de homicidios como en desaparecidos.
Hasta el 6 de abril, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, habían sido asesinadas 14 mil 327 personas, y con un registro de casi 7 mil desaparecidos.
Lo más grave del presente sexenio, es que en comparación del de López Obrador, cada 24 días desaparecen 42 personas, en tanto en el anterior gobierno la cantidad fue de 25 por día.
¿El actual gobierno puede ser acusado por crímenes de lesa humanidad? Es muy pronto para poder sacar conclusiones en ese sentido, porque la herencia es del anterior sexenio.
Aunque la presente administración, ha hecho todo lo posible por proteger al oriundo de Macuspana.
Ejemplo de ello, es la desaparición de evidencias y alteración de la escena del crimen en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, salió a dar la cara, y aseguró que en dicho lugar no se encontraron rastros de crematorios, y por ende, del exterminio de personas.
En los hechos, Gertz pretende eliminar todo tipo de evidencias que involucren al pasado y actual gobierno, con señalamientos de crímenes de lesa humanidad.
¿Precisamente por eso se borraron las evidencias? ¿Pretenden quitar del imaginario todo rastro que sustente el exterminio de personas?
Todo lo anterior configura la desaparición de López Obrador, como lo había adelantado antes de concluir su mandato.
Pero ahora cobra fuerza la incertidumbre para saber dónde radica si en su rancho de Palenque, o en La Habana, Cuba, como mencionan versiones periodísticas.
Y también muchos se preguntan si recurrirá con mayor ahínco a la realización de ritos chamánicos o satánicos; limpias y demás subterfugios, con el fin de escapar de las manos de la justicia internacional.
No hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos, mantiene latentes investigaciones contra parte del gabinete de López Obrador, así como por los señalamientos del financiamiento de sus campañas por el narcotráfico.
¿Finalmente será sentado en el banquillo de los acusados? El tiempo lo dirá.
