Por: José I. VELA PÉREZ*
En tiempos de confusión moral y de discursos que se contradicen con los hechos, la voz que llama a la coherencia resulta incómoda, pero necesaria. El mensaje emitido este domingo por el obispo de la Diócesis de Aguascalientes, monseñor Juan Espinoza Jiménez, no puede pasar inadvertido: no basta hablar de valores si éstos no se viven. Su exhorto a la valentía para decir la verdad sobre lo que ocurre en el país interpela directamente a una sociedad cansada de simulaciones y a unas élites gobernantes que, en opinión de amplios sectores, han mostrado un desprecio sistemático por la vida, la familia y las libertades fundamentales.
La advertencia del prelado se da en un contexto especialmente sensible. La Iglesia católica en México ha manifestado su rechazo ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice un presunto proyecto de sentencia orientado a despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo. Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de dicho documento, el solo hecho de que se mencione una eventual discusión ha encendido las alarmas de quienes consideran que la vida humana, desde su concepción, merece protección plena.
Desde su editorial dominical Desde la Fe, la arquidiócesis mexicana acusó al máximo tribunal de “despreciar” la vida humana al supuestamente enlistar un proyecto que eliminaría el tipo penal del aborto hasta los nueve meses de gestación. La crítica fue tan dura como simbólica: “Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”. Más allá del tono, el fondo del reclamo apunta a una percepción cada vez más extendida: que instituciones llamadas a salvaguardar el interés nacional han asumido atribuciones que las alejan del sentir de las mayorías.
La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde el pueblo de México ha otorgado autoridad a nueve ministros para decidir sobre cuestiones tan profundas como la vida y la muerte? Y más aún, ¿por qué quienes detentan cargos públicos parecen actuar, una y otra vez, en contra de los principios, valores e identidad de una nación mayoritariamente comprometida con la defensa de la vida y la familia?.
Para muchos críticos, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la Suprema Corte han dejado de ser defensores para convertirse en verdugos del pueblo, impulsando agendas que privilegian a minorías ideologizadas por encima del bien común. Se acusa a estos organismos de promover un concepto de “derechos” desligado de la responsabilidad social, que termina por erosionar la unidad nacional y debilitar el tejido familiar.
En este debate, los argumentos científicos, filosóficos y espirituales parecen quedar relegados. Voces como la del ingeniero Rodolfo Garrido Cotham han insistido en la trascendencia del inicio de la vida desde la concepción, destacando incluso elementos simbólicos y científicos que refuerzan la idea de una vida humana plena desde ese primer instante. A ello se suman las reflexiones de teólogos que advierten que las sociedades donde se normaliza el aborto suelen experimentar mayores niveles de violencia, pues se trivializa el valor de la vida.
No es casual que el papa Francisco haya calificado el aborto como una “obra de sicarios”, una expresión dura que busca sacudir conciencias. Al mismo tiempo, ha insistido —al igual que su sucesor, el papa León XIV— en que ser verdaderamente provida implica una defensa coherente de toda vida humana, en todas sus etapas y circunstancias, incluyendo a los más vulnerables, como migrantes, pobres y privados de la libertad.
Las consecuencias de este divorcio entre decisiones institucionales y valores sociales están a la vista: manifestaciones constantes, violencia intrafamiliar, altos índices de divorcio, inseguridad creciente y una palpable pérdida de la paz y la tranquilidad, bienes mayores de cualquier nación. Cuando la vida deja de ser el eje de la convivencia social, todo lo demás se descompone.
La coherencia, como recordó monseñor Espinoza Jiménez, no es un lujo retórico, sino una exigencia ética. México enfrenta hoy el reto de decidir si seguirá por la ruta de la imposición ideológica o si será capaz de reencontrarse con los principios que históricamente le han dado sentido y cohesión. La defensa de la vida no es una consigna religiosa ni partidista: es, o debería ser, un compromiso elemental con el futuro del país.
Dr. H. C. José Isabel Vela Pérez, Director General de la Revista FUTURO
16 de Diciembre 2025.
