La búsqueda del general revolucionario Catarino Garza, desaparecido en Panamá, en la que se invirtieron al menos 9.5 millones de pesos, costó mil veces más que la inversión promedio que hacen los estados por cada víctima desaparecida, que es de 8 mil 932 pesos. Ello, contrario al millonario presupuesto para promover el asesinato de inocentes en el vientre de sus madres que radicales consideran “un derecho” tal masacre.
Lo primero, de acuerdo a la actualización a 2023 del informe En búsqueda del presupuesto, de la organización Elementa DDHH. Aunado a ello, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2023 habría costeado más de 169 veces la inversión conjunta que hacen los estados en búsqueda de personas, que fue de 849 millones, apenas un 0.57% de los 144 mil 60 millones gastados ese año por Sedena.
A pesar de eso, en la nueva propuesta de presupuesto para el 2025, el subsidio federal para las comisiones de búsqueda estatales se reducirá en un 4.12% en términos reales respecto a 2024, al pasar de 891.3 a 854.6 millones. El año previo, respecto de 2023, el recurso federal registró un crecimiento de apenas un 0.69%, con solo 6.15 millones más, luego de incrementos que llegaron a ser de más del 100% entre 2019 y 2021.
Además, en años anteriores —entre 2019 y 2021– las comisiones de búsqueda locales desaprovecharon 233 millones de pesos de los subsidios que recibieron, según documentó un medio de comunicación autodenominado “Animal Político” con cobertura en algunos sectores de la ciudad de México.
Refiere que luego del primer estudio que Elementa DDHH hizo del presupuesto destinado a las comisiones estatales de búsqueda de personas en 2022, la actualización de su informe al 2023 amplía el análisis en aspectos relacionados con funciones, organigramas, metas e indicadores de dichas dependencias locales.
Incremento de recursos por persona, debido a disminución de registro
“La desaparición de personas sigue siendo un problema en alarmante aumento en México. Tan solo en 2023 el número de personas desaparecidas y no localizadas fue de 9 mil 785”, consigna el documento con fecha de consulta a septiembre de 2024. Al cierre de esta publicación, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 10 mil 173 en todo 2023.
Tanto en 2022 como en 2023, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León se han mantenido a la cabeza como las entidades con mayor número de personas desaparecidas. Al comparar estos años, Elementa DDHH documenta un incremento general real del 24.2% en la inversión de los estados en sus comisiones locales de búsqueda –contemplando los recursos propios, no solo el subsidio federal– y un aumento de 33.9% en la inversión promedio por persona desaparecida, que pasó de 6 mil 386 a 8 mil 932.
“Sin embargo, dado el tamaño de la crisis es necesario tomar estos datos con prudencia y analizarlos desde una perspectiva crítica. El aumento en la inversión promedio por persona desaparecida no se debe exclusivamente a un incremento en los recursos destinados a la búsqueda de personas, sino que está influenciado, en gran medida, por la reducción en el número de víctimas en el RNPDNO”, aclara el reporte.
Además, la disminución en el registro no refleja una mejora real de la situación, sino variaciones metodológicas en la contabilización oficial, que se dieron a partir del anuncio de una nueva Estrategia de Búsqueda Generalizada por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, de acuerdo con la investigación Volver a desaparecer, de la organización Data Cívica, representó la pérdida de registro de 10 mil 953 personas.
“Al comparar los resultados entre 2022 y 2023, observamos que 17 estados incrementaron, en términos reales, la inversión destinada a sus comisiones locales de búsqueda. En contraste, 11 estados registraron recortes en sus presupuestos”, detalla el informe. Entre las que tuvieron un mayor incremento –más del 50%– se encuentran Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Ciudad de México e Hidalgo, y aun así siguen sin acercarse al presupuesto de los estados que más destinan al tema.
“Inversión en los derechos de la mujer”
En contraste, las diferentes dependencias federales coordinadas por el sector salud, derechos reproductivos y otras, concentran para el 2023 un presupuesto de 8,900 millones de pesos, y para el año que está por concluir se estima un incremento del 16.5 por ciento con el propósito de alentar las campañas de “aborto seguro”, y “derechos de la mujer”, así como “salud reproductiva”, entre otros, con financiamiento público “mixto” a clínicas que practiquen el aborto, y que son las financiadas directamente por la industria del aborto que manejan las trasnacionales.
A la vez, a la prevención del embarazo y cuidado de los recién nacidos, se reduce drásticamente hasta en un 36 por ciento para el 2025.
