Por: José I. VELA PÉREZ *
En México, la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana parece crecer a un ritmo alarmante. Mientras desde el poder se insiste en construir una narrativa de transformación, bienestar y estabilidad, millones de mexicanos viven atrapados entre el miedo, la incertidumbre y el dolor provocado por la violencia que ha marcado al país en los últimos años.
Los hallazgos en Lagos de Moreno, Jalisco, hablan por sí mismos, pues integrantes del Colctivo Madres Buscadoras localizaron un presunto centro de adiestramiento y crematorio, además de múltiples fosas con restos humanos calcinados. «Es un lugar de terror», diría Cecy Flores, representante del grupo. Es una fotografía de cómo está el país.
Recientemente, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del Frente Nacional por la Familia, respondió públicamente al llamado de Mons. Ramón Castro y Castro, (Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano) quien advirtió con claridad que maquillar las cifras y ocultar la verdad constituye también una forma de violencia contra las víctimas. No se trata de una afirmación menor. En un país donde las estadísticas oficiales frecuentemente son cuestionadas por organismos civiles, colectivos y especialistas, la denuncia toca una de las fibras más delicadas de la vida pública nacional: la verdad.
Las cifras mencionadas por Rodrigo Iván estremecen por sí mismas. Más de 250 mil asesinatos y 130 mil desaparecidos colocan a México en una dimensión de tragedia comparable —e incluso superior en algunos indicadores— a naciones formalmente en guerra. El dato de que siete de las ciudades más violentas del mundo se encuentran en territorio mexicano no es propaganda opositora ni una invención mediática; es el reflejo de una crisis estructural que ningún slogan político puede esconder indefinidamente.
En medio de este escenario, las madres buscadoras se han convertido en el símbolo más doloroso de la ausencia del Estado. Mujeres que, abandonadas por las instituciones, salen con sus propias manos a buscar restos humanos, fosas clandestinas y cualquier indicio que les permita encontrar a sus hijos o familiares desaparecidos. Su lucha ha evidenciado no solamente la incapacidad gubernamental para garantizar justicia y seguridad, sino también una indiferencia institucional que en muchos casos raya en la complicidad.
Sin embargo, frente a esta realidad, la respuesta del oficialismo parece concentrarse más en controlar la narrativa que en resolver el problema. Discursos polarizantes, campañas de desmentido, ataques a críticos y distractores políticos forman parte de una estrategia permanente orientada a minimizar el impacto del deterioro nacional.
Bajo ese contexto aparece la reciente movilización para exigir juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Para diversos analistas, esta protesta dista mucho de ser un hecho aislado o espontáneo. La coyuntura coincide con el escándalo derivado del hallazgo de un enorme laboratorio clandestino de drogas sintéticas descubierto en abril pasado, así como con las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con El País, Chihuahua se habría convertido en el eje de una contraofensiva política impulsada por Morena para intentar desviar la atención de la crisis que golpea a figuras relevantes del propio movimiento gobernante. La confrontación política, así, deja de responder únicamente a diferencias ideológicas y comienza a interpretarse como parte de una disputa por el control de daños frente a acontecimientos de enorme gravedad.
A ello se suma otro golpe significativo para el proyecto económico de la llamada Cuarta Transformación: la decisión de S&P Global Ratings de cambiar de estable a negativa la perspectiva crediticia de México, además de hacer lo propio con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La señal enviada por los mercados internacionales no es menor. Refleja preocupación por las finanzas públicas, la viabilidad energética y la incertidumbre institucional.
La respuesta populista
Frente a todas estas críticas, la presidenta respondió con un mensaje cargado de simbolismo político y apelaciones al pueblo, la soberanía y la transformación nacional. Su discurso insiste en que ningún actor interno o externo podrá detener el proyecto político en curso y reivindica el respaldo popular como principal fuente de legitimidad.
Pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿puede un gobierno sostener indefinidamente una narrativa triunfalista cuando la realidad cotidiana de millones de ciudadanos está marcada por la violencia, las desapariciones, la inseguridad y la incertidumbre económica?
La soberanía nacional no puede medirse únicamente en discursos encendidos ni en consignas partidistas. La verdadera fortaleza de un país radica en su capacidad para garantizar justicia, seguridad, verdad y dignidad a sus ciudadanos. Y mientras las madres sigan buscando a sus hijos entre fosas clandestinas; mientras las cifras de violencia continúen creciendo; mientras la polarización sustituya al diálogo y la propaganda intente imponerse sobre los hechos, será imposible hablar de una transformación plenamente consolidada.
México enfrenta hoy un desafío histórico: reconciliar el discurso político con la realidad nacional. Porque cuando la narrativa pretende sustituir a la verdad, las víctimas terminan siendo doblemente olvidadas.
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