AGUASCALIENTES, AGS. — Lo que inició como una supuesta salida de emergencia ante la crisis económica se ha transformado en una pesadilla sin fin para cientos de familias hidrocálidas. El fenómeno de los “montadeudas” ha escalado de la extorsión digital a la intimidación física, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad total ante la aparente inacción de las autoridades.
Una trampa sin salida
La red criminal opera bajo un esquema de doble presión. Por un lado, aquellos que ya han liquidado sus préstamos —muchas veces con intereses estratosféricos— denuncian que el hostigamiento no cesa. Los criminales continúan exigiendo pagos por deudas inexistentes, utilizando amenazas de muerte y difamación.
Por otro lado, quienes deciden alzar la voz y presentar denuncias formales se enfrentan a represalias inmediatas. Las víctimas reportan que los delincuentes parecen tener acceso a información privilegiada, pues tras acudir a las autoridades, las injurias y amenazas contra sus padres y familiares cercanos se intensifican drásticamente.
Del acoso digital a la puerta del hogar
El modus operandi ha evolucionado de manera alarmante. Según testimonios recabados en redes sociales y medios locales:
Asalto a la privacidad: Una vez que el usuario descarga las aplicaciones de préstamo, los delincuentes extraen toda la información del dispositivo.
Presencia física: Individuos de apariencia extranjera, identificados mayoritariamente como jóvenes de origen colombiano, han comenzado a presentarse en los domicilios de las víctimas.
Cobros fantasma: Se reporta la exigencia de pagos por créditos que nunca fueron solicitados, bajo la amenaza de violencia física si no se entrega el dinero.
Mercados bajo asedio
La situación no es distinta en el sector comercial. Locatarios de diversos mercados en el centro de la ciudad viven bajo un régimen de terror silencioso. Testigos afirman que grupos de dos o tres individuos acuden regularmente a cobrar «cuotas», sin entregar comprobante alguno y bajo la mirada temerosa de los comerciantes, quienes prefieren callar por miedo a represalias.
«Tememos por nuestras vidas y la de nuestros hijos. Lo más desconcertante es que ellos parecen saber cuándo alguien los denuncia. Se supone que hay leyes, pero nadie nos protege», declaró un afectado que pidió el anonimato.
El vacío de autoridad
A pesar de que existe legislación vigente que permite perseguir estos delitos de oficio, las víctimas cuestionan la efectividad y la integridad de las instituciones. El desconcierto crece al notar que los delincuentes operan con total impunidad en las calles, mientras que la seguridad de quienes denuncian se ve comprometida de inmediato.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial que explique el porqué de la lentitud en los operativos o cómo se está filtrando la información de las denuncias a las bandas criminales. Mientras tanto, Aguascalientes permanece atrapado entre la necesidad económica y el asedio de una delincuencia que parece no tener límites.
