Por: José I. VELA PÉREZ
México se enfrenta a una de las pruebas más cruciales en su historia reciente: la elección de nuevos miembros del Poder Judicial. A pesar de los errores reconocidos y las imposiciones evidentes, el proceso avanza sin posibilidad de retroceso, llevando al país hacia un horizonte incierto. Muchos advierten que, con ello, el pueblo mexicano está a punto de perder lo que hasta ahora parecía inconcebible: su libertad.
Sectores amplios de la sociedad, incluidos partidos políticos como el PAN, han levantado la voz en contra de este proceso, señalando un fraude electoral que no solo empaña la elección judicial, sino que también pone en riesgo la democracia misma. Ricardo Anaya, exlíder panista, destacó que este «cochinero» se atribuye al intento de culpar al INE de la falta de transparencia en el proceso. Sin embargo, son los analistas especializados quienes han alertado que con esta elección, el futuro del país podría quedar hipotecado.
El diputado federal Alejandro Domínguez, del PRI, ha sido uno de los más críticos, calificando la reforma judicial como un fracaso que solo ha dejado un proceso lleno de subjetividad, manipulaciones y requisitos poco claros. La Reforma al Poder Judicial, que también buscaba homologar los tribunales estatales, ha traído consigo un sinfín de irregularidades. Domínguez subraya que la calificación mínima de 8 en materia académica, exigida para los aspirantes a jueces y magistrados, excluye a muchos de los mejores perfiles. Lo que muchos califican como una «reforma cochina» pone en evidencia lo cuestionable de un proceso que, al final, se aleja de cualquier lógica democrática.
Uno de los puntos más preocupantes es la falta de transparencia. Los ciudadanos no podrán contar los votos, y el sistema electoral estará completamente alejado de la vigilancia popular. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, acusó a la reforma judicial de ser una «mentira», pues la ciudadanía solo podrá votar por aquellos candidatos previamente seleccionados por comités afines a Morena. Y lo que es aún más alarmante: el INE no tendrá control sobre el proceso, dejando en manos del oficialismo la total administración de la elección.
El proceso no solo está viciado por las injerencias de Morena, sino que también se da en un contexto en el que varios de los candidatos propuestos tienen estrechos lazos con el gobierno actual. Funcionario tras funcionario, como la Consejera Jurídica María Estela Ríos o la Magistrada Selene Cruz, están vinculados al régimen, lo que pone en entredicho la imparcialidad del proceso y refuerza las acusaciones de un «fraude judicial».
La Reforma al Poder Judicial, que en su momento fue presentada como un avance hacia la democracia y la transparencia, hoy es vista por muchos como un retroceso hacia un Estado totalitario. Como señaló Roberto Gil Zuarth, la elección judicial de este 1 de junio será recordada como la «más fraudulenta» de la historia moderna de México, comenzando con una reforma aprobada bajo amenazas y coacciones.
A medida que se acerca la fecha de esta histórica elección, la sociedad mexicana se enfrenta a la disyuntiva de defender lo que le queda de libertad o aceptar un sistema judicial maniatado, donde el Poder Judicial deja de ser un contrapeso y se convierte en una extensión del poder político. La democracia está en juego.
