Por: José I. VELA PÉREZ
CDMX.- Cada 10 de junio, México recuerda uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: la matanza del Jueves de Corpus, también conocida como El Halconazo. Este hecho, ocurrido en 1971, fue una clara muestra de la represión violenta ejercida por el Estado contra el movimiento estudiantil, en una época en la que la libertad de expresión y la protesta social eran respondidas con violencia institucional.
Un día marcado por la represión
El jueves 10 de junio de 1971, cientos de estudiantes —principalmente de la UNAM y del IPN— se congregaron en el Casco de Santo Tomás para marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Su objetivo era manifestarse en apoyo a la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en defensa de la autonomía universitaria y otras demandas como la liberación de presos políticos, la democratización sindical y el acceso a una educación popular.
Portaban pancartas con mensajes como “Libertad a los presos políticos”, “Educación popular” y “Democracia en la UNAM”. Sin embargo, a la altura de la estación Normal del Metro, la manifestación fue interceptada por un grupo armado y entrenado, conocido como Los Halcones, además de agentes policiacos y granaderos.
¿Quiénes eran Los Halcones?
Los Halcones eran un grupo paramilitar formado por jóvenes y exmilitares reclutados en zonas marginadas del entonces Distrito Federal. Entrenados con apoyo de los gobiernos de México y Estados Unidos a finales de los años 60, fueron financiados por el Estado para contener y reprimir movimientos sociales.
Ese 10 de junio, armados con pistolas calibre .45 y carabinas M-2, los Halcones arremetieron contra los estudiantes. Dispararon, golpearon y asesinaron sin piedad. La represión ocurrió a plena luz del día, frente a la mirada pasiva de la policía local. Se estima que al menos 120 estudiantes fueron asesinados.
La brutalidad y la participación de este grupo paramilitar en la masacre le dieron su nombre popular: El Halconazo.
Impunidad y silencio oficial
Tras los hechos, el entonces presidente Luis Echeverría se deslindó públicamente de lo ocurrido. Aunque se señaló a varios altos mandos de Seguridad Pública, ninguno fue juzgado. El caso quedó impune durante décadas.
No fue sino hasta 2001 cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 26/2001 al Ejecutivo federal. En ella se reconocieron graves violaciones a los derechos humanos: el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de reunión, de expresión y de protesta social pacífica. Se pidió la creación de una Fiscalía Especial para investigar movimientos sociales y políticos del pasado.
Pese a su creación, esta fiscalía no presentó avances sustanciales. Posteriormente, la CNDH creó una oficina especial para investigar actos de represión y desapariciones forzadas ocurridas en el marco de la violencia política del Estado. También emitió recomendaciones a los tres poderes de la nación para proteger los derechos de reunión, protesta y asociación.
Memoria y exigencia de justicia
A más de cinco décadas del Halconazo, las demandas de justicia y memoria siguen vigentes. Cada 10 de junio, organizaciones estudiantiles, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos salen a las calles para exigir que estos crímenes no queden en el olvido.
El Halconazo no solo es una fecha para recordar, sino una herida abierta en la historia de México, un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se impone sobre la voz del pueblo. En un país que aún lucha por garantizar la libertad y la justicia, recordar es también resistir.
Nota al margen: Los Halcones tuvieron gran protagonismo para reprimir manifestaciones y vigilar estructuras, entre éstas los ferrocarriles nacionales de México que en Aguascalientes dieron mucbo de qué hablar, siendo testigos los periódicos EL SOL DEL CENTRO Y EL HERALDO.
