La organización CitizenGO alerta sobre una propuesta legislativa del Partido Verde que elevaría las sanciones a sacerdotes y pastores que emitan opiniones sobre la vida, la familia y el bien común de cara a los comicios de 2027.
CIUDAD DE MÉXICO. — La organización civil CitizenGO envió un pronunciamiento a la Redacción de la Revista FUTURO para denunciar lo que califican como un intento de «criminalización de la libertad religiosa y de expresión» en el país. Esto a raíz de una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados que busca duplicar las multas económicas a los ministros de culto que aborden temas de doctrina social o emitan declaraciones que la autoridad electoral considere como interferencia política.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión, la propuesta fue promovida por el diputado Mario Alberto López, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —aliado de la coalición gobernante de MORENA y la llamada Cuarta Transformación (4T)—. La iniciativa propone endurecer las sanciones vigentes dentro de la ley mexicana, la cual prohíbe estrictamente a los miembros del clero «intervenir en asuntos políticos».
Antecedentes y tensiones con el Tribunal Electoral
Desde la perspectiva de CitizenGO, el marco legal actual, diseñado originalmente para evitar que las instituciones religiosas realicen campañas a favor de partidos políticos, se ha desviado en los últimos años para perseguir la libre enseñanza doctrinal en temas como el derecho a la vida, la familia y la dignidad humana.
Como ejemplo de este criterio, la organización recordó el caso del padre Mario Ángel Flores Ramos, quien fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras pronunciar la frase: «No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común». Asimismo, señalaron el proceso que enfrentó el cardenal Carlos Aguiar Retes en junio de 2018, cuando exhortó a los fieles a considerar en su voto a los candidatos que garantizaran el respeto a los valores fundamentales de su fe, sin mencionar siglas ni aspirantes específicos.
Entre los años 2018 y 2021, al menos cinco líderes religiosos en México han enfrentado procesos sancionatorios de esta índole, cuyas multas económicas estimadas podrían alcanzar montos equivalentes a los 150 mil dólares. En su momento, estas medidas fueron desaprobadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que las catalogó como un atentado directo contra la libertad de expresión.
Alertan por «autocensura» rumbo a 2027
Elisa Bonilla, a nombre del equipo de CitizenGO, advirtió que el endurecimiento de estas penalizaciones a unos meses de que formalmente comience el proceso para las elecciones federales de 2027 no es una coincidencia, sino una estrategia para infundir temor.
«No hace falta prohibir nada. Solo hace falta que el miedo haga su trabajo. Que cada ministro de culto aprenda a autocensurarse antes de que alguien lo señale», expresaron representantes de la organización.
Ante este panorama, la plataforma civil ha iniciado una campaña de recolección de firmas dirigida a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con la exigencia de que se rechace formalmente este proyecto de ley. Sostienen que defender el derecho a expresarse de los ministros de culto es un precedente clave para la sociedad civil en general, argumentando que «si hoy silencian a un sacerdote por enseñar su fe, mañana pueden silenciar a cualquiera por decir lo que piensa».
