Por: José I. VELA PÉREZ*
«Perseguir a periodistas y tratar de silenciar a la prensa es la opción de los sátrapas para seguir cometiendo sus fechorías con total impunidad». La sentencia pronunciada por Diego Fernández de Cevallos el 22 de mayo pasado, retomando un mensaje que hiciera el 7 de junio de 2011, cobra hoy una dolorosa vigencia tras el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
No se trata de una frase retórica ni de una exageración. Es la descripción de una realidad que México ha padecido durante décadas y que continúa deteriorando la vida democrática del país. Cada periodista asesinado representa una voz menos para denunciar la corrupción, el abuso del poder, la delincuencia organizada y las complicidades que permiten la impunidad.
Desde Oaxaca, el reconocido periodista Alfredo Martínez de Aguilar sintetizó con precisión el significado de esta tragedia: «La ejecución del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar no silencia la verdad: convierte su memoria en germen de lucha por la justicia, la libertad de expresión y el fin de la impunidad».
Sus palabras reflejan el sentimiento de un gremio que, lejos de rendirse, enfrenta diariamente amenazas, intimidaciones y violencia por cumplir con una función indispensable para cualquier sociedad democrática: informar.
Durante 2026, organizaciones de periodistas han documentado una preocupante cadena de asesinatos de comunicadores en distintas entidades del país. Entre las víctimas se encuentran Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca; Josué Martínez Contreras, en Puebla; Roxana Berenice Guzmán Ramírez y Luis Ángel López Valdés, en Veracruz; Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, en Guerrero; Juan David Gámez, en Nuevo León; Carlos Leonardo Ramírez Castro, también en Veracruz, además de otro caso registrado en Tamaulipas.
La violencia, sin embargo, no se limita a los homicidios. Las agresiones, amenazas, campañas de desprestigio, hostigamiento judicial y actos de intimidación contra periodistas y medios de comunicación continúan incrementándose. Tan solo en Puebla, Artículo 19 documentó 39 agresiones durante 2025, convirtiendo a esa entidad en la segunda con mayor número de ataques contra la prensa, únicamente detrás de la Ciudad de México.
Las cifras nacionales resultan igualmente alarmantes. De acuerdo con organizaciones especializadas, durante el actual gobierno federal se han registrado quince asesinatos de periodistas y personas comunicadoras.
México sigue siendo señalado internacionalmente como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Más de 150 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000, una estadística que constituye una profunda vergüenza nacional y evidencia el fracaso del Estado para garantizar uno de los derechos fundamentales de toda democracia: la libertad de expresión.
La reciente carta de la Alianza de Medios Mx lo resume con absoluta claridad: «El asesinato de un periodista no solo arrebata una vida; también pretende silenciar una voz crítica e intimidar a todo el gremio. Cuando la violencia intenta sustituir a la palabra, se vulnera el derecho de la sociedad a conocer la verdad».
Lamentablemente, el patrón institucional parece repetirse una y otra vez. Tras cada crimen llegan los comunicados oficiales prometiendo investigaciones exhaustivas, justicia y la aplicación «de todo el peso de la ley». Sin embargo, especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que, en numerosos casos, estas respuestas terminan siendo más políticas que efectivas. En no pocas ocasiones las víctimas habían denunciado amenazas previas, existían antecedentes documentados e incluso solicitudes de protección que no evitaron el desenlace fatal.
A esta preocupante realidad se suma un ambiente de creciente polarización desde el poder.
Desde Palacio Nacional y desde diversos actores políticos vinculados a Morena y a la denominada Cuarta Transformación, con frecuencia se descalifica, desacredita y estigmatiza al periodismo independiente, particularmente a aquel que mantiene una postura crítica frente al gobierno. Ese discurso, replicado en diversos estados gobernados por el mismo movimiento político, termina alimentando un clima de hostilidad que coloca a periodistas y medios en una situación de mayor vulnerabilidad.
La crítica periodística no constituye un acto de traición ni un ataque al Estado. Es un componente esencial de toda democracia. Pretender desacreditar sistemáticamente a quienes investigan, cuestionan o exhiben irregularidades representa un riesgo para las libertades públicas y para el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural.
El temor que hoy prevalece en numerosos medios de comunicación es tan preocupante como los propios asesinatos. La posibilidad de sufrir represalias, persecución o violencia ha llevado a muchos periodistas a optar por el silencio, la autocensura o el retiro de investigaciones delicadas. Cuando el miedo sustituye a la libertad para informar, pierde toda la sociedad.
No puede existir democracia plena donde el periodismo se ejerce bajo amenaza permanente. Tampoco puede hablarse de un Estado de derecho cuando informar cuesta la vida. Defender a los periodistas no significa proteger un privilegio gremial; significa preservar el derecho de millones de mexicanos a conocer la verdad, exigir rendición de cuentas y participar libremente en la vida pública.
Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una dolorosa lista que nunca debió existir. Su asesinato, como el de tantos otros periodistas, obliga nuevamente a preguntarnos si México seguirá normalizando la violencia contra quienes informan o si, finalmente, el Estado asumirá su responsabilidad de garantizar justicia, protección y libertad.
Porque cuando asesinan a un periodista, no solo intentan callar una voz. Pretenden silenciar a toda una sociedad. Y permitirlo significaría renunciar, poco a poco, a la democracia misma.
*DR.H.C. José Isabel Vela Pérez, Director General de la Revista FUTURO
23 de Julio 2026.
