Ciudad de México. – La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, generó debate público tras compartir en sus redes sociales un video en el que aparece rezando dentro de las oficinas de la demarcación, acompañada de líderes evangélicos y figuras vinculadas al movimiento denominado por algunos medios como “de ultraderecha” en México.
Entre los asistentes destacó Raúl Tortolero, integrante del Consejo Nacional de Nueva Derecha, quien durante la oración pidió que la mandataria tuviera “fuerza para defender los valores cristianos, que son los valores fundacionales de Occidente”.
Posteriormente, el propio Tortolero dirigió un mensaje a la alcaldesa en el que expresó:
“Estimada Ale: la Iglesia somos todos. ¡Y sí hacemos política! Estado laico: no hay una religión oficial. La libertad religiosa es un derecho humano. No por estar en política castremos nuestros derechos y mucho menos la fe. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!”
La alcaldesa, por su parte, señaló que su administración mantiene apertura hacia todos los sectores sociales y religiosos:
“Seguiremos siempre con plena apertura de que cualquier vecino, cualquier vecina, de cualquier confesión religiosa, identidad sexual, signo político, sin confesión religiosa o activista social, sean escuchados. La inclusión es garantía de derechos para todas las personas, y nos obliga como funcionarios públicos a poder recibir a todas y todos”, afirmó.
Estado laico en debate
La Constitución mexicana, en su artículo 40, establece que la República debe ser democrática, laica y federal, lo que implica que tanto el gobierno federal como los estatales y municipales deben conducirse bajo un marco de laicidad.
La difusión del video desató opiniones encontradas. Mientras críticos advirtieron que la fe no debe trasladarse a los espacios institucionales, defensores sostuvieron que las consecuencias sociales actuales responden a “haber sacado a Dios de nuestras vidas, de la familia, la educación y la política”.
El episodio reaviva el debate sobre los límites entre la libertad religiosa de los servidores públicos y la obligación constitucional de garantizar un Estado laico, en un contexto donde convergen visiones opuestas sobre la influencia de la religión en la vida pública, sabedores de que al menos el 85 por ciento de las familias mexicanas dicen ser católicos, pero casi la gran mayoría se dice “guadalupano”, por lo que para muchos resulta una aberración impedir que en oficinas públicas se haga una oración que, si bien a nadie beneficia tampoco a nadie perjudica, más allá de las creencias individuales.
