Ciudad de México — Más de 200 colectivos de familiares de personas desaparecidas alzaron la voz en un contundente comunicado en el que acusan a los gobiernos federal, estatales y locales de permitir, tolerar e incluso alentar la expansión del crimen organizado en México. Lejos de erradicar la violencia, denuncian, las autoridades han contribuido a su normalización, generando más víctimas cada día.
“Gobiernos van y vienen, pero la respuesta es la misma: administrar crímenes de lesa humanidad, estigmatizar a las víctimas y sus familias, jugar a la búsqueda y negar la Verdad y la Justicia”, señalaron los colectivos, entre los que destacan Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUNDEC-M), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, el Colectivo de Familias de Guanajuato, Justicia y Esperanza, y el Colectivo 10 de Octubre.
Los colectivos denunciaron que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido objeto de engaños y falsas promesas. Criticaron que las reformas anunciadas por el gobierno no representan soluciones reales, ni estrategias eficaces para frenar la escalada de desapariciones. Para las familias, un verdadero compromiso político comienza con la reestructuración de la Fiscalía General de la República y el inicio de procesos judiciales contra los responsables de esta crisis de derechos humanos.
Además, exigieron una transformación profunda de los sistemas de atención a víctimas, búsqueda y derechos humanos. “Deben cesar los funcionarios que han sido operadores de violaciones graves a los derechos humanos. La verdad y la justicia son la única fórmula que puede sacar al país de esta grave crisis”, subrayaron.
Según cifras oficiales citadas por los colectivos, 47 personas desaparecen diariamente en México. Denunciaron que la impunidad se ha vuelto un mensaje claro: las desapariciones están permitidas. Esta impunidad, afirmaron, convierte estos crímenes en “el paradigma del crimen perfecto”, como ha señalado el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
En su comunicado, los grupos también evidenciaron que diversas regiones del país están bajo control del crimen organizado, en complicidad o tolerancia con las autoridades. Aunque el Estado no siempre ordena las desapariciones, argumentaron, su permisividad lo convierte en cómplice. “El gobierno las solapa, las ha permitido a sabiendas de que siguen ocurriendo. Eso lo hace responsable de desaparición forzada”, aseguraron.
Los colectivos acusaron al Estado mexicano de despreciarlos, ignorarlos y justificar las desapariciones por intereses políticos. Denunciaron la falta de garantías de seguridad y justicia para la ciudadanía, y el engaño constante a la comunidad internacional respecto a la gravedad de la situación.
A pesar de los obstáculos, reiteraron su compromiso con la resistencia y la exigencia de justicia, también en nombre de miles de migrantes y solicitantes de asilo desaparecidos en su paso por México. “Nos han desgastado en reuniones estériles que no nos llevan a encontrar a nuestros desaparecidos. Ya basta de tanta farsa”, expresaron.
Finalmente, celebraron que el Comité contra la Desaparición Forzada haya invocado el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta medida abre la puerta para que la comunidad internacional intervenga ante la crítica situación que vive el país.
“El Comité ha sido claro: en México hay desapariciones generalizadas y sistemáticas. Ha señalado la responsabilidad del Estado, incluyendo desapariciones directas cometidas por policías y militares. Exigimos un plan nacional de prevención real y el fin de la impunidad casi absoluta. Seguiremos luchando hasta encontrar a cada uno de nuestros desaparecidos”, concluyeron.
