Por: Redacción
La defensa del medio ambiente en Aguascalientes enfrenta una nueva embestida. Activistas de la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) y el colectivo Conversa Sur denunciaron una serie de acciones legales que buscan frenar un juicio de amparo interpuesto contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), instrumento que, afirman, ha sido modificado para favorecer intereses inmobiliarios en detrimento de zonas ecológicas vitales como La Pona, el Bosque de Cobos, los humedales y el Cerro del Muerto y desviar la atención sobre el megapoyecto «Zitara» tan publicitado y que habrá de requerir más de 4 millones de metros cúbicos de agua.
En rueda de prensa, José Alejandro Larios Barrientos, representante de Conversa Sur, advirtió sobre lo que calificó como una “estrategia de sabotaje institucional”, luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito suspendiera el avance del juicio debido a la presentación de nueve recursos jurídicos considerados anómalos. Estos recursos fueron promovidos por un despacho legal de Guadalajara en nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien, según los activistas, no forma parte del proceso ni tiene legitimidad legal para intervenir.
“La intención es clara: entorpecer el proceso judicial para permitir que sigan adelante megaproyectos que amenazan con destruir nuestros ecosistemas más frágiles”, declaró Larios Barrientos. Detalló que las impugnaciones también fueron presentadas ante el Tercer Tribunal Colegiado en Aguascalientes y el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Por su parte, Pavel Castañeda, integrante de ADN-A, expresó su escepticismo frente a las promesas gubernamentales sobre la protección de La Pona, el último pulmón verde dentro de la mancha urbana. Alertó sobre la posibilidad de que, bajo un discurso de conservación, se esté negociando con los propietarios del predio a espaldas de la ciudadanía, a cambio de beneficios en otras áreas de alto valor ambiental como Peñuelas o el Bosque de Cobos.
Los activistas acusan una estrategia sistemática de “corrupción institucional y uso de recursos legales para favorecer intereses privados” sobre espacios que deberían ser preservados, como la Sierra Fría y el Cerro del Muerto. Denunciaron que las reformas al POEL han provocado la reclasificación de casi 3,500 hectáreas, cambiando su estatus de conservación o protección a uso urbano, agrícola, ganadero o industrial, reduciendo además la distancia de amortiguamiento ecológico de 200 a apenas 20 metros en zonas protegidas.
Entre las irregularidades, también señalaron la autorización de actividades industriales en áreas como el Tanque Las Pedrosas sin contar con diagnósticos ambientales ni medidas de mitigación, lo cual pone en grave peligro a especies endémicas como la rana madriguera.
“El impacto de estas decisiones es profundo: afecta la biodiversidad, los sumideros de carbono, agrava el cambio climático, la escasez de agua y la vulnerabilidad de la población”, indicó Castañeda. “Nos están condenando a un futuro invivible por beneficiar a quienes quieren construir fraccionamientos con campos de golf y albercas en un estado donde el agua escasea cada vez más”.
El amparo interpuesto por las organizaciones, entre las que se encuentran Conversa Sur, el Colegio de Ciencias Ambientalistas del Estado de Aguascalientes, el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado, y el Observatorio de Violencia Social y de Género, acusa a las autoridades por aprobar reformas al POEL que, sostienen, violan principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos y sustentabilidad ambiental.
Además, denunciaron la exclusión de la participación ciudadana durante el proceso de modificación del programa, pese a las múltiples propuestas técnicas presentadas por la sociedad civil.
“Lo que pedimos es claro: revocar las medidas regresivas del POEL, garantizar un acceso real al agua, proteger nuestras especies en peligro de extinción y realizar consultas públicas verdaderas, no simulaciones”, señalaron los integrantes de la Alianza.
La situación de La Pona es, según los ambientalistas, emblemática del conflicto: mientras se mantiene el discurso de conservación, crece la sospecha de negociaciones opacas que podrían traducirse en la entrega de terrenos de igual o mayor valor ambiental en otras zonas.
“Exigimos transparencia absoluta. Queremos saber quién negocia, qué se está proponiendo y por qué. La Pona no se intercambia ni se vende en lo oscuro”, concluyó Castañeda.
La batalla por el equilibrio ecológico en Aguascalientes continúa, pero los activistas temen que el aparato jurídico e institucional esté siendo manipulado para allanar el camino a intereses privados que ven al concreto como un negocio, aunque sea a costa de la biodiversidad, el agua y el futuro ambiental del estado.
Y es el proyecto «Zitara» que sigue adelante, sin obstáculo legal alguno, y sobre el cual la opinión pública empieza a estar alerta, lo mismo que desde el Congreso del Estado y que afectaría el suministro de agua para las futuras generaciones y el consiguiente daño al medio ambiente, sobre todo la flora y la fauna.
