Por: Redacción FUTURO
San Luis Potosí — La libertad de expresión en México enfrenta un nuevo y preocupante frente de batalla. Lo que comenzó como un intento local por regular el uso de la inteligencia artificial y combatir las llamadas fake news en el estado de San Luis Potosí, se ha convertido, según activistas y defensores de derechos humanos, en un peligroso experimento de censura estatal que amenaza con replicarse en todo el país.
A través de una misiva dirigida a la Redacción General de la Revista FUTURO, Elisa Bonilla, representante en México de la organización CitizenGO, lanzó una seria advertencia sobre la llamada «Ley Serrano». Esta reforma legislativa, aprobada a contracorriente por el Congreso local, contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan contenidos que las autoridades consideren que provocan «alarma social».
El origen: Un video incómodo y arrestos exprés
La génesis de este conflicto legal y social se remonta a la difusión de un video incómodo para la administración estatal, el cual el gobierno de San Luis Potosí aseguró —sin que mediara una investigación independiente— que había sido fabricado mediante inteligencia artificial.
Bajo la justificación de combatir esta tecnología, el Congreso aprobó de manera expedita la «Ley Serrano». Las consecuencias no tardaron en materializarse: las comunicadoras locales Eréndira y Alejandra fueron detenidas tras compartir dicho material en redes sociales. Su presunto delito: provocar «alarma social».
«Imagina despertar con la policía tocando a tu puerta. No por robar, no por dañar a nadie. Por compartir un video en redes sociales. Así empezó la pesadilla de Eréndira y Alejandra», denuncia Bonilla en su escrito, señalando que la ley ya se está utilizando activamente para perseguir a voces críticas.
La ambigüedad como herramienta de control
El núcleo de la controversia radica en la total falta de definición del término «alarma social» dentro del marco jurídico aprobado. Para diversos analistas y defensores de la libre prensa, esta imprecisión es una ventana abierta al uso faccioso de la ley.
En la práctica, reportajes sobre corrupción, investigaciones de seguridad pública o denuncias contra funcionarios públicos son susceptibles de incomodar al poder y, por ende, ser catalogados bajo ese ambiguo paraguas penal.
El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez, advirtió previamente que la entidad potosina corre el riesgo de convertirse en un «laboratorio» para ensayar métodos sofisticados de silenciamiento.
| Consecuencias de la ambigüedad jurídica |
| Autocensura: Ante la falta de límites claros, los comunicadores optan por callar. |
| Discrecionalidad: El gobierno en turno decide qué información es «legal». |
| Criminalización: Herramientas contra la desinformación usadas para encarcelar periodistas. |
La Suprema Corte tiene la última palabra
Aunque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ha sugerido la posibilidad de derogar la «Ley Serrano», el panorama sigue siendo hostil debido a su anuncio de impulsar nuevas regulaciones dirigidas específicamente a los medios digitales.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal del país será el encargado de determinar si esta legislación vulnera las garantías consagradas en la Carta Magna.
«Lo que decidan los ministros no solo afectará a San Luis Potosí; podría marcar el camino para leyes similares en todo México», advierte Bonilla, quien a través de CitizenGO ha iniciado una campaña de recolección de firmas para presionar a la SCJN a invalidar la norma de manera inmediata.
La resolución de este caso sentará un precedente histórico para el periodismo y la ciudadanía digital en México, definiendo si el derecho a la información seguirá protegido por la Constitución o si quedará sujeto al criterio y la sensibilidad del gobernante en turno.
