Aguascalientes, Ags. — En un escenario de creciente tensión institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en la antesala de imponer a Aguascalientes una visión ideológica que jamás fue aprobada democráticamente por el pueblo de México. Así lo denunció con absoluta firmeza Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), durante una conferencia de prensa improvisada a las puertas de la Casa de la Cultura Jurídica de la entidad.
Acompañado por representantes de diversas asociaciones civiles y comunidades religiosas, el líder nacional alertó sobre las graves implicaciones políticas, jurídicas y morales que una resolución centralista de esta índole tendría tanto para el futuro de Aguascalientes como para el resto de la República Mexicana.
Un «Derecho» Inventado en los Tribunales
Cortés Jiménez fue tajante al desmitificar el argumento central de quienes promueven la despenalización obligatoria a través de la vía judicial: “La Constitución mexicana nunca estableció un ‘derecho constitucional al aborto’. Nunca fue votado por el constituyente permanente. Nunca fue incorporado expresamente al texto constitucional”, enfatizó.
De acuerdo con la postura del FNF, la Carta Magna vigente reservó con claridad a los estados de la Federación amplias facultades para legislar en materias penales y bioéticas. Por ende, la actual tendencia de la Corte responde a interpretaciones cada vez más expansivas y abstractas que buscan transformar valoraciones puramente ideológicas de los ministros en supuestas obligaciones constitucionales de observancia general.
“Cuando los jueces dejan de aplicar la ley y comienzan a crear nuevos derechos mediante interpretaciones ideológicas, el Estado de Derecho comienza a debilitarse”.
“Eso no es federalismo. Eso no es división de poderes. Y eso tampoco es democracia constitucional”, sentenció Cortés Jiménez ante la multitud congregada, recordando que Aguascalientes ya deliberó democráticamente en su momento. El Congreso local, como legítimo depositario de la representación popular, ejerció sus facultades exclusivas para plasmar la voluntad de sus ciudadanos. El activismo judicial, bajo esta premisa, busca sustituir de golpe dicha deliberación legítima por un criterio centralista construido desde el escritorio judicial.
Conflictos de Interés bajo la Lupa
El pronunciamiento no se limitó a la crítica doctrinal. El presidente del FNF puso el dedo en la llaga sobre el entramado institucional y político que rodea este caso en particular, señalando directamente al ministro ponente del asunto, Irving Espinosa Betanzo.
Según lo expuesto por Cortés, existe una relación política y profesional históricamente documentada entre el ministro Espinosa Betanzo y Ernestina Godoy, actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República y quien, en su calidad previa, promovió la acción de inconstitucionalidad que hoy se resuelve contra la legislación local.
Añadió que no se trata de una coincidencia aislada, sino de una trayectoria pública de colaboración y cercanía institucional dentro del mismo entorno político-jurídico. Si bien matizó que dicha cercanía no configura de manera automática un impedimento legal o un conflicto de interés formal, sí erosiona gravemente la confianza pública en la neutralidad de la Suprema Corte. La percepción de un binomio político-jurídico que opera para doblegar la autonomía de un estado soberano enciende las alarmas sobre la imparcialidad del máximo tribunal.
La Defensa del Pacto Federal
Hacia el cierre de su intervención, el dirigente remarcó que el debate de fondo trasciende el ámbito del aborto y el injustificable sacrificio de vidas inocentes. El verdadero peligro radica en que un pequeño grupo de jueces pretenda redefinir de forma unilateral desde los tribunales temas morales y antropológicos que pertenecen exclusivamente al debate democrático de la sociedad y sus estados.
“Defender la vida, el federalismo y la soberanía de los estados no es extremismo”, concluyó. Lo que hoy ocurre en Aguascalientes marca un preocupante precedente de agresión al pacto federal, donde las reglas del juego ya no dependen del texto constitucional ni de la voluntad democrática en las urnas, sino de las convicciones personales e ideológicas de quienes integran los tribunales.
(Imagen exclusiva de la Revista FUTURO).
