Tras los ofrecimientos hechos ayer por funcionarios estatales y municipales a los comerciantes de la calle 5 de Mayo, representantes del gremio dieron a conocer esta tarde que esperan una disculpa pública de las amenazas vertidas por Enrique García López, “Quique Galo”, subsecretario de Gobierno, y en cuanto a los apoyos ofrecidos se aceptarían una vez que den marcha atrás al proyecto que, dijeron, sólo beneficia a los concesionarios de transporte al duplicarles sus ingresos.
Tal como FUTURO lo dio a conocer con oportunidad, una vez terminado el encuentro aseguraron que los visitantes les dieron “atole con el dedo”.
“Nos ofrecieron apoyos para supuestamente reactivar los negocios, lo cual sería factible realizar de volver atrás con esa absurda propuesta”, insistieron.
Dijeron esta tarde que “la novedad” es que los comercios siguen en situación apremiante, y que las pérdidas suman ya varios millones de pesos, mientras que otros para subsistir rematan sus artículos y en el mejor de los casos ofrecen descuentos de hasta 40 por ciento para pagar compromisos apremiantes como sueldos y proveedores.
Otros también han decidido cerrar sus puertas, pero la mayoría ha decidido esperarse “hasta el final”.
Demandaron de las autoridades de movilidad hacer un balance de los daños ocasionados, en base al referente que ya tienen los mismos funcionarios.
Hicieron ver que acondicionar “cajones” provisionales para estacionamiento no resulta práctico a estas alturas, y mucho menos como está la calle en esa zona que se convierte en avenida de la Plaza del Mariachi a la Zaragoza.
“Necesitamos que la gobernadora Tere Jiménez nos escuche y conozca de viva voz las pérdidas diarias que se tienen”, insistieron.
Señalaron que debe privar el respeto y el diálogo, pero también el razonamiento, por lo que el reclamo de la destitución del funcionario Quique Galo sigue en pie, y para avanzar tendrá que pedir una disculpa pública por los mismos medios en que amenazó a los vecinos y locatarios con meterlos a la cárcel, además de exigir el cese al hostigamiento, toda vez que con frecuencia llegan individuos a tomar fotografías de los locales y se niegan a contestar quien los envía y para qué quieren ese material.
Además el uso de la fuerza pública ha sido evidente y reprobado por la misma población. En su mayoría manifiestan que “no hay avances, todo sigue igual o peor y más compañeros están a punto de cerrar”.
«Sabenos que todo esto se trata de un capricho para beneficiar a unos cuantos, y eso se lo hicimos saber al de movilidad (Gustavo Serrano Rangel); ahora nos quieren ver la cara y dar atole con el dedo», insistieron al afirmar que los locatarios se mantienen unidos a pear del entorno, y piden la pronta intervención de la Gobernadora Tere Jiménez.
