*Hogares y pequeños negocios en Aguascalientes, México, son asfixiados por la ineficiente y corrupta paraestatal
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado un incremento en las tarifas eléctricas que podría llegar hasta el 100% en un solo semestre, un ajuste que afecta directamente a los hogares y a los pequeños negocios de México, los cuales ya se encuentran luchando contra las adversidades económicas. Este cambio, decretado el 27 de febrero pasado, no solo ha disparado el costo de la electricidad, sino que también ha generado malestar entre los ciudadanos que se ven obligados a redirigir sus recursos hacia el pago de la luz, en lugar de atender necesidades básicas como el sustento o la salud.
En Aguascalientes, específicamente en la colonia Insurgentes, una de las más populares de la ciudad, los residentes han expresado su inconformidad al recibir los nuevos recibos de la CFE. Cuando acuden a los distribuidores de la empresa, la respuesta es la misma: «así están llegando». Esta pasividad se refleja también en las tiendas de conveniencia, donde los empleados aseguran que «la gente está molesta porque cada vez le suben más». Es claro que la población siente que se les está imponiendo una carga económica difícil de sobrellevar.
A pesar de la creciente frustración, los legisladores federales han hecho caso omiso al malestar ciudadano. Para muchos de ellos, los aumentos de tarifas de 500 a 5,000 pesos parecen ser problemas menores, sin considerar que para la gran mayoría de los mexicanos, estos montos pueden significar una enorme dificultad financiera. En algunos casos, los usuarios han visto aumentos inexplicables en sus recibos, como el ejemplo de un domicilio que pasó de pagar 448 pesos a 900, o el caso de otro hogar que saltó de 680 pesos a casi 4,000.
A este descontento se le añade la inquietud de que, más allá de la ineficiencia de la CFE y los apagones que han afectado varias regiones del país, algunos especulan que el gobierno federal podría estar utilizando estos incrementos para «ahogar» económicamente a las familias, con la excusa de financiar otros proyectos, como el pago de pensiones. Esto se suma a una creciente preocupación por el futuro de los pequeños negocios, que, con estos altos costos de energía, podrían verse forzados a recurrir a la informalidad o, en el peor de los casos, a cerrar sus puertas.
La situación ha llegado a tal punto que en Aguascalientes, muchas personas están buscando apoyo económico en organizaciones como Cáritas, no solo para cubrir sus recibos de electricidad, sino también para poder comprar medicamentos o gas doméstico. Este reflejo de la desesperación de los ciudadanos es un claro indicio de lo grave que se ha vuelto la crisis económica generada por los altos costos de la electricidad.
El 27 de febrero, la CFE publicó un comunicado en su portal web, en el que se detallaba el «ajuste» a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), medida que la empresa justifica por la inflación y la creciente demanda energética en el país. Sin embargo, la CFE no reconoce la responsabilidad de las familias mexicanas en estos aumentos. Según el oficio No. 349-B-1-016, los ajustes a la tarifa de suministro básico DAC fueron los siguientes:
Ajuste para el cargo fijo: 1.0097
Ajuste para el cargo por energía consumida: 0.9962
Además, en su portal, la CFE detalló los nuevos costos para el consumo de energía en el hogar:
Consumo básico: 1,071 pesos por los primeros 75 kWh.
Consumo intermedio: 1,300 pesos por cada uno de los siguientes 125 kWh.
Consumo excedente: 3,805 pesos por cada kWh adicional.
A través de estos incrementos, la CFE parece justificar su propia ineficiencia y los altos niveles de corrupción que han sido evidenciados desde el sexenio anterior. Además, a pesar de los reclamos de los usuarios, las opciones de quejas son limitadas. La página web de la CFE (www.cfe.mx) con frecuencia está fuera de servicio, y el número de atención al cliente, 071, solo responde con una grabación.
El impacto de estos aumentos es claro: las familias mexicanas se ven obligadas a sacrificar otras necesidades básicas para poder pagar sus recibos de electricidad, mientras que los pequeños comercios, en su mayoría dependientes de este servicio, enfrentan la posibilidad de una crisis aún mayor. La situación demanda una respuesta urgente de las autoridades, que parecen no percatarse de las graves implicaciones sociales y económicas que estos incrementos tienen sobre los ciudadanos más vulnerables.
