En conferencia de prensa celebrada esta mañana por el Frente Nacional por la Familia, se hizo púbica la exigencia a los legisladores de Aguascalientes, México, para que demuestren en los hechos que están en favor de la vida y presenten las acciones consecuentes, sin omitir que el término de la presentación del recurso de inconstitucionalidad vence el próximo 26 de enero, a la vez que cumplan con su palabra de escuchar y atender al pueblo mediante un encuentro franco en el que trascienda la verdad.
Del término “exhorto” se cambió a “exigencia” tras exponerse que luego de esa aberración legislativa han aparecido al menos dos clínicas abortivas que ofrecen “asesinar bebés” por 2, 800 pesos, y como si se tratara de una broma, lo hicieron en promocionales del propio FNF-Aguascalientes, en la parte posterior, a la vez que se hizo hincapié en que la Suprema Corte de Justicia ha sido coptada por la ideología de género y el lobby gay internacional y que es el verdadero trasfondo de este tipo de maniobras, entre ellas el promover el aborto, que abre las puertas para otras más en contra de la familia, la sana convivencia y la unidad nacional.
Y tras puntualizar que la Corte no puede obligar a desaparecer una normatividad, la misma tampoco toma en cuenta a la Constitución en donde no está escrito el término aborto, pero no menos importante es que los 27 legisladores son responsables por complicidad, cobardía y contubernio porque aún y cuando no se pueda demostrar quien sí y quien no votó al respecto, el hecho es que lo hicieron en secreto violentándose el artículo 32 párrafo cuarto de la Constitución local que establece el voto nominativo y de cara a la sociedad.
“Es por ello que se exige enmendar este entuerto legislativo”, se agregó para luego precisar que los legisladores son ante todo servidores públicos que se ostentan como representantes populares y como tales, tienen que responderle a la ciudadanía.
Aguascalientes ha sido y es próvida, se expuso.
Por otra parte se hizo hincapié en que se han tenido algunos encuentros con el Gobierno del Estado en donde han participado los propios equipos jurídicos, y se ha quedado perfectamente esclarecido que legalmente la Corte no puede ordenar la eliminación de una ley “por lo que es un absurdo que se diga que es por un mandato de la Corte”, cuando los diputados deberían presentar un recurso ante la misma, inclusive individualmente.
Pero no menos importante es que en la sentencia no se establece ese “mandato” de permitir el aborto, y quienes insisten en esa postura es que seguramente tienen un interés distinto al colectivo, porque claro está que obedecen a los intereses de empresas trasnacionales que promueven el aborto ocultándoles las consecuencias que para la mujer conlleva, más allá del asesinato y de todos los dictados internacionales como el “Pacto de San José”, entre otros.
Encuentro Directo
Además de argumentar los términos jurídicos, los representantes del Frente Nacional por la Familia Jaime Castro Chávez y los abogados constitucionalistas Edmundo Becerril y Alan D. Capetillo, urgieron a la acción de inconstitucionalidad ante la premura del tiempo. Se expuso que a cada uno de los 27 legisladores se les ha hecho llegar un escrito y hasta la fecha ninguno ha querido dar la cara ni respondido por otro medio a la misma petición.
Se lee en el comunicado “…y propiamente a la bancada del Partido Acción Nacional, para que cumplan con su palabra e interponga una iniciativa que componga la redacción actual de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal, toda vez que el 26 de diciembre del 2023 se publicó un vídeo-mensaje en el cual se comprometían a realizarlo y hasta la fecha no hemos tenido noticia de que se hubiese interpuesto, en este sentido es importante que se interponga a la brevedad para enmendar y corregir la despenalización del aborto…”.
También se les pide “una demanda denominada Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, término que vence el 26 de enero del 2024, toda vez que el procedimiento por el cual se llevó a cabo la reforma de la despenalización del aborto contenida en el decreto 573 publicado en el periódico oficial del estado el 27 de diciembre del 2023, fue una determinación que se derivó de la violación a los principios que rigen el actuar del legislativo y la Constitución de Aguascalientes, en efecto el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, menciona lo siguiente:
Artículo 15.- El Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado. Éste se regirá bajo los principios del modelo parlamentario abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. La ley establecerá los mecanismos a los que se refiere este Artículo”.
