*Se muestran sartisfechos por validar una «sugerencia» de la SCJN que la convierten en «mandato».
*Violaron el «Pacto de San José», la Constitución y su propia normatividad
*Se niegan a dar una explicación abierta a la sociedad que votó por ellos
*La ciudadanía insiste en que se den a conocer los nombres de los diputados que emitieron a favor, si bien el resto serían «cómplices»
Por: José I. VELA PÉREZ
Diputados de Aguascalientes, en especial del Partido Acción Nacional (PAN) se han negado rotundamente a dar una explicación clara a nuestra sociedad que a diario reclama su “traición” al compromiso que asumieron para salvaguardar el bien común, en particular la vida desde la concepción, mientras que líderes Pro-Vida coinciden con lo expresado por un sacerdote en el sentido de que Aguascalientes está de luto por validar una aberración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En particular el diputado Raúl Silva Perezchica, coordinar de la bancada, lejos de dar una explicación sensata como un derecho ciudadano, argumentó que su compañero Jaime González de León, habría emitido algún posicionamiento, pero no hubo evidencia.
El primero enfatizó que habría que dejar pasar un tiempo para solicitarlo “por transparencia” y de manera oficial, a la vez que dejó entrever que el periodista era un ignorante y sólo él sabía al respecto. Jaime, caminando contento sobre la Plaza de la Patria hacia Palacio de Gobierno respondió con plena satisfacción, “ahí vamos”, cuando se le dijo: “Felicidades diputado por ese gran triunfo, ganó la cultura de la muerte”, a lo que respondió: “claro que sí”.
Fue el diputado Emmanuel Sánchez Nájera, del PRD, el único que respondió cuestionamientos sobre este tema que ha llamado la atención tanto a nivel nacional como internacional, por carecer de sustento jurídico y la cobardía de los legisladores que votaron en secreto, a diferencia de como lo establece su propia normatividad.
Dijo haber escuchado que se llevó de manera secreta debido a “ciertas amenazas”, pero aseguró que no sabía precisar a quienes se les amenazó o de parte de quién, menos de qué corriente, y negó que él haya sido objeto de algo similar, como se especuló la víspera.
Para el Frente Nacional por la Familia y otras organizaciones Pro-Vida, los diputados tienen las manos machadas de sangre y así lo han hecho saber en sendos comunicados tanto a nivel local como de las oficinas centrales, lo que puede consultarse en las publicaciones de las redes sociales y medios impreso y digital de la revista FUTURO.
Para algunos analistas, el fondo de todo es el poder que despliega la industria del aborto, como se muestra en la edición impresa y digital reciente; para otros, es la violencia que ejercen grupos minoritarios tanto a la SCJN como a los diputados, quienes en el caso de Aguascalientes tuvieron miedo de ser exhibidos.
Se ha subrayado de manera reiterativa, y así lo han consignado algunos medios nacionales y otros locales, que fue un “mandato” de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 30 de agosto próximo pasado; incluso, que de no acatarse, habría consecuencias hasta de cárcel para los diputados locales por no acatar tal disposición, a pesar de que expertos en la materia argumentan que en la sentencia no se especifica tal cosa, ni mucho menos el aborto como tal lo contempla la Constitución.
Por el contrario, existe el llamado “Pacto de San José” Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de1978) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de Noviembre del 1969), resalta que dentro de un estado de derecho en el cual se rigen las instituciones democráticas, la garantía de derechos de los seres humanos se basa en el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación (alimentación, salud, libertad de organización, de participación política, entre otros).
En su Artículo 4, establece con precisión el: “Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Por otra parte, se ha planteado que los integrantes de la SCJN no tienen facultad de derogar una ley, “sin declaratoria general de inconstitucionalidad
Alan D. Capetillo, vocero del FNF-Aguascalientes señala: “Hay que dejarlo muy claro porque es la verdad. Tanto el artículo 73 de la Ley de Amparo como el artículo 107 de la Constitución claramente establecen que el juicio de amparo SOLO TIENE EFECTOS PARTICULARES…”.
Y argumenta:
“Lo que la SCJN hizo para imponer el aborto en Aguascalientes es tanto ilegal como inconstitucional. Este asunto es puro activismo judicial…
Los ministros no respetan ni la constitución ni la ley. Nos están imponiendo una ideología.
En pocas palabras, resume, se extralimitaron y violaron el principio de Poderes. Están haciendo activismo judicial”, además de que la SCJN no utilizó los mecanismos que tiene para hacer su control constitucional, amén de que los grupos promotores del aborto hayan promovido un amparo indirecto contra la existencia del delito de aborto, en abstracto, y sin acto de aplicación, y la primera Sala atrae el tema y ordena al Congreso que derogue el delito de aborto…mediante tal procedimiento. Porque un amparo indirecto no puede derogar una ley, pues de ser así cualquier persona o muchos promoverían uno similar para que les devolvieran los impuestos cobrados y el país sería un caos, pero “legal”.
Ni siquiera debió haber sido radicada esa demanda. Carece de materia y acto reclamado. No cumple los requisitos de demanda de amparo, se precisó.
Lo que debió hacer el Congreso de Aguascalientes y en particular sus “líderes” es aceptar su “sugerencia” de la SCJN, “que no mandato”, y ponerlo en la lista de pendientes importantes 2029”, precisa el joven abogado.
Los legisladores deberían al menos dar una explicación sensata del por qué se aceptó esa sugerencia de la SCJN y que indebidamente, como afirman los especialistas, manejarlo como “mandato” porque, se insistió, un amparo indirecto no puede derogar una ley, menos la soberanía de un estado, como es el caso de Aguascalientes.
Lo menos que deberían hacer “nuestros representantes populares” es negar o contradecir con argumentos válidos los señalamientos jurídicos arriba expuestos, y aclarar el diputado Raúl Silva Perezchica qué es lo que desconocemos los periodistas para orientar mejor a nuestros lectores y a la sociedad en general que está ávida de conocer el trasfondo de semejante aberración.
