En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ordenó la expropiación de 376 mil metros cuadrados distribuidos en los tramos 1, 3 y 4 del proyecto del Tren Maya. Esta acción involucra 86 inmuebles de propiedad privada ubicados en diversas regiones de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
En Chiapas, las áreas afectadas se encuentran en el municipio de Palenque; en Tabasco, en los municipios de Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán. Por su parte, en Campeche se identificaron propiedades en Escárcega y Calkiní, mientras que en Yucatán las expropiaciones abarcan Kanasín, Maxcanú, Tixpéhual, Bokobá y Umán.
Tras la entrada en vigor del decreto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tienen la obligación de coordinarse para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes. Estas deben realizarse con base en los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, utilizando el presupuesto previamente autorizado.
De acuerdo con el DOF, las personas afectadas podrán recurrir a un procedimiento judicial, conforme al artículo 11 de la Ley de Expropiación, para impugnar únicamente el monto de la indemnización. Esta posibilidad deberá ejercerse dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del decreto.
El documento también establece que, si los terrenos expropiados no se destinan a los fines que motivaron la acción, las personas afectadas podrán emprender las acciones legales correspondientes, según lo estipula la normativa vigente.
La medida se enmarca en los esfuerzos por avanzar en la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de infraestructura en el sureste del país.
